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Las niñas asesinadas en Almería no pudieron reunirse con su padre por motivos económicos y laborales.

Las niñas asesinadas en Almería no pudieron reunirse con su padre por motivos económicos y laborales.

ALMERÍA, 20 Mar.

En el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Almería, las visitas controladas entre las dos niñas asesinadas el domingo pasado y su padre, dispuestas por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería en base a un acuerdo adoptado entre los progenitores en marzo de 2023, fueron canceladas por la madre debido a "razones económicas y laborales".

El régimen de visitas establecido por el juzgado para fijar la guardia y custodia permitía al padre disfrutar de la compañía de las niñas en fines de semana alternos, sábados y domingos, desde las 12,00 horas a las 18,00 horas, con entrega y recogida en el Punto de Encuentro Familiar de Almería, según información del TSJA.

Esta medida implicaba recorrer más de 120 kilómetros en coche cada dos semanas entre la capital y Abla, donde la madre, en situación de "extrema vulnerabilidad" según evaluación del IAM, vivía con las pequeñas. Su intención era regresar a Rumanía, para lo que necesitaba el consentimiento del padre.

Después de dejar una casa de acogida en Granada, donde estuvo con las niñas entre junio de 2022 y marzo de 2023, la mujer encontró trabajo en Abla. Desde Gérgal, donde había vivido con el padre de las niñas, la distancia diaria se reducía a poco más de 80 kilómetros.

Tras las labores administrativas y entrevistas a los progenitores, las visitas en el PEF se fijaron a partir de junio, acordando que las estancias de los sábados no se llevaran a cabo y que las entregas y recogidas se hicieran en domingos alternos de 10,30 horas a 18,30 horas.

Un informe del órgano de mediación del pasado año indicó que tan solo hubo un intercambio el 25 de junio, a la semana de iniciar el régimen de visitas, con las menores mostrando alegría al encontrarse con el padre.

Las razones de la madre para cancelar los encuentros llevaron a que los progenitores informaran que estaban viéndose fuera del PEF. El 20 de agosto comunicaron la decisión de prescindir del servicio, finalizando la intervención.

En octubre, la madre solicitó al Juzgado de Violencia sobre la Mujer cesar el régimen de visitas y retirar la orden de alejamiento para facilitar la relación entre las menores y el padre. Un mes después, el Juzgado finalizó la intervención del PEF con la conformidad de las partes.

El hombre tenía una orden de alejamiento de 500 metros de la mujer como medida cautelar por una presunta agresión. El juicio estaba fijado para abril, mientras que la guarda y custodia de las niñas quedaba en manos de la madre.

Estas medidas, prorrogadas en septiembre de 2022, fueron resueltas con la sentencia sobre la guardia y custodia dictada en marzo de 2023 ante el acuerdo de los padres.