La Audiencia Nacional ha tomado una decisión que marca un nuevo capítulo en las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos públicos. Este sábado, el juez Antonio Piña ha dejado en libertad bajo medidas cautelares a Leire Díez, exmilitante del PSOE, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Antxon Alonso, un empresario relacionado con el exdirigente socialista Santos Cerdán.

Las medidas impuestas incluyen la retirada de sus pasaportes, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse en el juzgado cada dos semanas. Estas condiciones fueron solicitadas por la fiscal de Anticorrupción, Elisa Lamelas. Dado que no existen otras partes presentes en el caso, el juez optó por no ordenar prisión preventiva, permitiendo que los investigados abandonaran la Audiencia Nacional por su propio pie.

Los tres implicados llegaron custodiados por un furgón policial a la sede judicial a primera hora de la mañana. El juez inició las declaraciones a las 10:00. Según informaron fuentes judiciales, Díez optó por no declarar, argumentando desconocimiento sobre el motivo de su detención y los cargos que se le imputan.

Por su parte, Fernández sí respondió a las preguntas del juez y de la Fiscalía, aunque negó cualquier implicación en los amaños de contratos que se investiga entre 2021 y 2022. Durante su declaración, se le interpeló sobre Servinabar, una empresa que comparte vínculos con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Alonso.

Antxon Alonso, en cambio, también decidió acogerse a su derecho de no declarar. Todos ellos fueron arrestados el miércoles pasado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo órdenes del juez, quien mantiene aspectos de la investigación en secreto.

La causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. En el marco de las pesquisas, se llevaron a cabo varios registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza, especialmente en empresas relacionadas con Servinabar, que, según la UCO, tiene conexiones con Cerdán.

Las operaciones incluyeron incautaciones en las sedes de Forestalia y requerimientos de información al SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa. También se registraron oficinas de Correos y varias instituciones gubernamentales, donde la Guardia Civil aseguró recibir documentación de manera colaborativa, garantizando que todos los procesos siguieron los procedimientos establecidos.

Además de los tres detenidos, el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, también está siendo investigado, según recientes declaraciones del PSPV, lo que eleva el número de implicados en la causa a más de una docena.

Díez no solo enfrenta investigación en esta causa, sino que también está bajo la lupa por delitos de tráfico de influencias y cohecho en otro proceso que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. El juez Arturo Zamarriego ha indicado que la exconcejal podría estar liderando una “actuación delictiva” con el objetivo de obtener información comprometida que podría afectar a políticos y empresarios.

En una declaración previa, Díez mencionó haber tenido reuniones con Cerdán en el contexto de su carrera como periodista, aunque sostiene que no tiene conexiones políticas actuales y que no ofreció favores a cambio de información. Su trayectoria laboral incluye un período en Enusa, seguido de un puesto en Correos, ambas bajo el paraguas de SEPI.

Vicente Fernández, quien asumió la presidencia de SEPI en 2018, dimitió el año siguiente debido a su implicación en el 'caso Aznalcóllar', del cual salió absuelto recientemente. Ahora se le ha vinculado a pagos recibidos de Servinabar, según documentación enviada por la Hacienda Foral de Navarra al Tribunal Supremo en relación al 'caso Koldo'. Esta información revela pagos significativos en los últimos años, generando más dudas sobre su papel en este entramado.

Por su parte, Antxon Alonso, al frente de Servinabar, ya figura bajo investigación en el análisis del 'caso Koldo', donde se exploran los posibles amaños de contratos públicos. En su declaración anterior, Alonso rechazó las acusaciones de corrupción y trató de desvincular a Cerdán de su empresa, defendiendo su papel como único propietario de Servinabar ante los cuestionamientos sobre prácticas irregulares relacionadas con obras valoradas en altos millones de euros.