ALMERÍA, 18 de diciembre. La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha denunciado recientemente que existen "indicios" de que Ana Julia Quezada, la mujer condenada por el asesinato de su hijo en 2018, habría recibido un adelanto financiero por un documental planeado durante su tiempo en prisión, en el centro penitenciario de Brieva, en Ávila.

Estas afirmaciones fueron realizadas por Ramírez en una entrevista para el programa 'Hoy en día' de Canal Sur TV y fueron recogidas por Europa Press. Su declaración llega tras la decisión de la Audiencia Provincial de Almería de rechazar un recurso presentado por la defensa de Quezada, que también respaldó el embargo de sus bienes y cualquier otra fuente de ingresos para garantizar el pago de la indemnización establecida para los padres de Gabriel.

La resolución judicial sostiene que los recursos de la condenada y cualquier ingreso adicional son susceptibles de embargo, dado que se considera que sus necesidades básicas están cubiertas en prisión y que cualquier ingreso adicional debe destinarse a la compensación económica ordenada por el tribunal.

En este marco, Ramírez ha cuestionado la percepción pública que se ha creado en torno a la figura de Quezada y ha rechazado cualquier argumentación que sugiera dificultades económicas como justificación para evitar cumplir con la condena. "Si no tiene dinero para fumar, que lo sienta, debe cumplir su pena como cualquier otro interno, con todas las garantías necesarias", resaltó, enfatizando la importancia de asegurar los derechos de las víctimas.

Asimismo, la madre del menor reveló haber recibido información de terceros sobre diversas actividades de la interna, tales como que "ha estado trabajando durante tres años", que "tiene acceso a teléfonos" y que "está realizando un documental sin mi consentimiento y mediante videollamadas ilegales". Patricia expresó su frustración por no haber recibido comunicación oficial sobre estos asuntos, a pesar de los derechos establecidos en el Estatuto de la Víctima del Delito.

Por otro lado, Ramírez recordó que siguen pendientes investigaciones sobre posibles propiedades de Quezada en el extranjero, específicamente en la República Dominicana, donde se ha mencionado la existencia de una vivienda. "Han pasado siete años y aún no tenemos información sobre ese inmueble", explicó, añadiendo que tras múltiples gestiones ante diversas instancias, "nadie nos ha ofrecido explicaciones claras".

Por último, Ramírez hizo hincapié en la necesidad de asegurar que la sentencia se ejecute de manera efectiva, subrayando que "la reparación es un derecho universal". También criticó el hecho de que continúen surgiendo nuevos recursos mientras la responsabilidad civil, impuesta por el sistema judicial, aún no se cumple.

Ana Julia Quezada fue condenada en septiembre de 2019 a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz y se le ordenó indemnizar con 500.000 euros a sus padres, siendo 250.000 euros para cada uno en concepto de daños morales. Además, la sentencia estableció un monto de 200.203 euros correspondiente a los gastos incurridos por el Estado durante los esfuerzos de búsqueda del niño.