MÁLAGA, 28 de noviembre.

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha dado un paso significativo este jueves al aprobar, de manera inicial, una modificación del Plan General Urbano que busca limitar la creación de nuevas viviendas turísticas en ciertos barrios de la ciudad. Esta medida se fundamenta en un marco de zonificación diseñado para abordar el impacto del turismo en la vivienda local.

La iniciativa, que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia antes de su implementación, ha contado con el respaldo del equipo de gobierno del Partido Popular (PP), mientras que el grupo municipal Vox se ha abstenido y tanto el PSOE como Con Málaga han expresado su oposición a la propuesta.

Con la normativa aprobada, se establece que 43 barrios de Málaga no podrán registrar nuevas viviendas turísticas, dado que en estas áreas las propiedades turísticas ya constituyen más del 8% del total del parque residencial. Además, en otros 328 barrios, solo se permitirá la inscripción de viviendas turísticas que cuenten con accesos y servicios independientes. Por otro lado, 46 barrios de la ciudad no son clasificados como residenciales.

Esta modificación se enmarca dentro de una disposición adicional, alineada con el decreto 31/2024 de la Junta de Andalucía, que otorga a los ayuntamientos la facultad de restringir las viviendas turísticas en función de consideraciones de interés general.

El objetivo de esta reforma es gestionar de manera más efectiva la proliferación de viviendas turísticas en zonas donde ya se observa una alta concentración, lo que, según un estudio realizado por Espacio Común Coop sobre el impacto de la vivienda turística, está afectando negativamente al parque residencial de Málaga.

Durante el debate del pleno, Carmen Casero, concejala delegada de Urbanismo, defendió la postura del Ayuntamiento ante las críticas de la oposición. Insistió en que “los datos proporcionados sobre la conversión de viviendas a uso turístico son falsos y lo saben”, y subrayó que cualquier decisión sobre limitaciones debe estar respaldada por una sólida seguridad jurídica.

Casero apeló a la colaboración entre los grupos políticos, señalando que el gobierno local está abierto a considerar la implementación de un impuesto turístico sobre las viviendas turísticas, tal como ha sugerido el alcalde, Francisco de la Torre. “Esto es un desafío que debemos abordar en conjunto, alejándonos de la confrontación y la desinformación”, afirmó.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, destacó la “grave situación” de falta de vivienda asequible en Málaga, criticando que la reciente modificación del PGOU es solo un mero parche y advirtió que las medidas podrían incluso permitir un aumento en el número de viviendas turísticas en lugar de reducirlas. Llamó a declarar “tensionada” toda Málaga para evitar que el número de viviendas turísticas se dispare, más allá de los 13,000 actuales.

En su intervención, Pérez enfatizó que es necesario que la ciudad actúe con valentía ante esta problemática, acusando a la administración de “reírse de los malagueños” y engañarlos con soluciones insuficientes. “De la Torre es el responsable de esta situación”, sentenció.

Antonio Alcázar, portavoz de Vox, explicó la decisión de su grupo de abstenerse, aunque criticó la medida como “inoportuna y poco efectiva”, considerándola una solución a corto plazo que podría ser perjudicial a largo plazo.

Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, recordó las numerosas manifestaciones en defensa del derecho a la vivienda y exigió al alcalde que “dé la cara” ante los ciudadanos. Criticó el “cinismo político” de De la Torre, quien prometió acciones contundentes justo antes de las elecciones, y cuestionó la credibilidad de su gobierno en este contexto.

El alcalde, por su parte, defendió su posición asegurnado que no se está escondiendo y que ha mantenido un diálogo con el Gobierno central. Reiteró su llamado a la calma y al estudio cuidadoso de las medidas adoptadas, subrayando la importancia de no olvidar a las familias en riesgo de exclusión social, que podrían beneficiarse de un impuesto turístico, ya que se trata de asegurarse de que los recursos generados están destinados a las personas más vulnerables.