En una decisión sin precedentes, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha tomado medidas drásticas para frenar el aumento de viviendas con fines turísticos ilegales en la ciudad. A través de la firma de un bando, se han establecido tres medidas clave: la suspensión de nuevas licencias en el casco antiguo, el refuerzo de la inspección y la apertura de un buzón de denuncias.

El Ayuntamiento ha confirmado que se coordinará con la Junta de Andalucía para evitar la aceptación de nuevas inscripciones de viviendas de uso turístico en el casco histórico de la ciudad. Esto significa que no se podrán presentar las declaraciones responsables necesarias para autorizar la creación de nuevos pisos turísticos en la zona.

Además, se ha habilitado un buzón de denuncias para que los vecinos puedan informar a la Delegación de Urbanismo sobre el uso de viviendas con fines turísticos después de noviembre de 2022, fecha en la que se modificó el PGOU para prohibir estos pisos en el casco histórico y en las plantas superiores a la segunda en Extramuros.

Estas medidas se complementarán con una rigurosa campaña de inspección municipal. En caso de incumplimiento de las normas, se informará a la Delegación de la Junta de Andalucía correspondiente, que tiene competencia en asuntos turísticos, y se abrirán expedientes sancionadores por uso indebido del espacio, considerado una falta grave, con multas que van desde los 3.000 hasta los 29.999 euros, según la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.

Estas medidas innovadoras fueron anunciadas por Bruno García durante el pasado Pleno sobre el estado de la ciudad el 2 de julio, mostrando su compromiso con la protección del patrimonio y la calidad de vida de los residentes de Cádiz.