MADRID, 28 de diciembre.

En 2025, la situación de los menores migrantes no acompañados que llegan a España ha alcanzado un nivel de relevancia sin precedentes, destacándose especialmente por las tensiones administrativas y la implementación de un sistema de redistribución entre las comunidades autónomas. Este año también ha visto al Tribunal Supremo reiterar clara e insistentemente al Gobierno central la necesidad de asumir su responsabilidad respecto a la atención de los niños y adolescentes que buscan asilo en el país.

En este marco, en marzo se formalizó un acuerdo con Junts, que permitió la reubicación de alrededor de 4,000 menores migrantes de Canarias. La convalidación de este acuerdo en el Congreso se produjo en abril, donde el real decreto-ley obtuvo 179 votos a favor (provenientes principalmente del PSOE y sus aliados), 170 en contra de la oposición (PP y Vox) y una abstención de UPN.

Durante el debate, los representantes del PSOE y sus aliados hicieron un llamado a los grupos parlamentarios para obtener un respaldo a este real decreto-ley, que incluye medidas urgentes diseñadas para preservar el interés superior de la infancia en situaciones de emergencia migratoria. Este decreto introdujo modificaciones en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, determinando los criterios para la distribución de menores migrantes entre las comunidades autónomas.

Además, en agosto, el Consejo de Ministros ratificó el real decreto que regula el sistema de protección y tutela de menores no acompañados, estableciendo que la capacidad estándar de acogida sería de 32.6 plazas por cada 100,000 habitantes en toda España para este grupo vulnerable.

Este real decreto también prevé que si alguna comunidad o ciudad autónoma triplica su capacidad habitual de acogida, se declarará la existencia de una situación de emergencia migratoria, poniendo en marcha inmediatamente el protocolo de traslados.

En términos de capacidad de acogida, Andalucía lidera con 2,827 plazas, seguida de Cataluña con 2,650 y la Comunidad de Madrid con 2,325, marcando así una notable concentración en estas regiones.

Desglosando por comunidades, la capacidad de acogida se distribuye de la siguiente manera: Aragón tiene 441 plazas, Asturias 331, Islas Baleares 406, Canarias 737, Cantabria 194, Castilla y León 783, Castilla-La Mancha 692, Extremadura 344, Galicia 886, Murcia 517, Navarra 223, País Vasco 731, La Rioja 107, Ceuta 27 y Melilla 28.

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha instado en tres ocasiones a lo largo del año a que el Gobierno asumiera la responsabilidad de unos 1,000 menores migrantes no acompañados que solicitaban asilo en Canarias, culminando en la primera resolución en marzo.

El Supremo volvió a actuar en junio, amenazando con medidas sancionadoras si no se adoptaban acciones urgentes. En octubre, el tribunal emitió un nuevo requerimiento, otorgando un plazo de solo 15 días para dar respuesta.

Finalmente, el 21 de noviembre, el Gobierno afirmó haber cumplido con las exigencias del Supremo, después de ofrecer 817 plazas para estos menores, coincidiendo con el cierre del plazo establecido.

En diciembre, el Supremo volvió a requerir que, en un plazo de 30 días, el Gobierno asuma la tutela de los menores migrantes solicitantes de asilo a cargo de la Comunidad de Madrid. Esta medida se formalizó a través de un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y se refiere a aquellos menores que han solicitado protección internacional, resaltando la importancia de la colaboración con la comunidad autónoma involucrada.

Los magistrados subrayaron que todas las acciones deben llevarse a cabo bajo el principio del interés superior del menor, exigiendo al Gobierno que informe al Supremo sobre las acciones realizadas al finalizar el mes de plazo.

A su vez, la Comunidad de Madrid presentó un recurso contencioso-administrativo tras la denegación del requerimiento realizado en julio, pidiendo la medida cautelar que ahora se ha implementado.

Para complicar más la situación, la Real Academia Española (RAE) ha decidido incorporar el uso peyorativo del acrónimo "mena" para referirse a estos menores. Aunque dicho término ya había sido incluido anteriormente en el diccionario sin oposición, su inclusión ha generado un intenso debate y críticas a lo largo del año.

Los secretarios de Estado de Migraciones y Juventud, Pilar Cancela (PSOE) y Rubén Pérez (Sumar), han expresado su preocupación por el uso de este término, señalando que deshumaniza a los menores. Sin embargo, han reconocido que la RAE actúa solamente como un reflejo del uso cotidiano del lenguaje. Organizaciones no gubernamentales también han manifestado su descontento ante la inclusión de este término en el diccionario, remarcando la necesidad de hablar de estos niños con respeto y dignidad.