SEVILLA, 22 de noviembre.

En un escenario donde la lucha por el medio ambiente se intensifica, el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha abordado este viernes la complicada tramitación que enfrenta la Administración andaluza para la autorización del ambicioso proyecto que busca la reapertura de la corta minera de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla. Este yacimiento, que se cerró en enero de 2002 tras una catástrofe natural, se encuentra al centro del debate sobre la viabilidad ambiental y el desarrollo sostenible.

Paradela recordó, durante su intervención en Canal Sur Radio, que actualmente ya existe una autorización ambiental unificada (AAU) otorgada por la Consejería de Sostenibilidad, la cual es imprescindible para iniciar la reapertura de esta actividad minera, antecedida por un informe de impacto ambiental crucial para la protección del entorno.

El consejero enfatizó que el proceso de autorización es “tan complejo” que incluye etapas irrenunciables de información y audiencia pública, las cuales requieren un tiempo considerable. Este procedimiento está en la fase de evaluación de las autorizaciones mineras y sustantivas, lo que permitirá a la Delegación Territorial de su departamento en Sevilla elevar en breve una propuesta de resolución a la Dirección General de Minas, siempre que se atiendan las alegaciones presentadas.

“Si las alegaciones son resueltas de manera positiva y se emite una propuesta de resolución aprobada por la Dirección General de Minas, este será el último escalón antes de que se puedan iniciar los trabajos necesarios para la apertura”, añadió Paradela, dejando claro que hay pasos importantes que aún deben cumplirse.

La autorización ambiental unificada se encontraba en un limbo jurídico tras un recurso de alzada interpuesto por Ecologistas en Acción el pasado 12 de agosto, lo que provocó su suspensión temporal. Este colectivo ha sido insistente en señalar los graves riesgos ambientales que dicha reactivación podría conllevar, recordando la devastadora fractura de la balsa de residuos que ocurrió en 1998 y que tuvo consecuencias desastrosas para la región.

En su recurso, Ecologistas en Acción denunciaba varias presuntas irregularidades, como el incumplimiento de las obligaciones de información y participación pública, y la modificación de la cantidad de vertido tóxico al río Guadalquivir, que se elevaría abruptamente a 4.000 millones de litros anuales, sin la debida evaluación. Asimismo, resaltaron la falta de análisis sobre los efectos acumulativos y sinérgicos que podrían producirse en el área protegida de la Red Natura 2000.

Un mes después de solicitar la suspensión, el silencio de la administración, que no respondió a la petición, condujo a la suspensión automática de la autorización, según lo estipulado en el artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente reconoció que la suspensión es temporal, aclarando que no significa una anulación definitiva de la autorización ambiental unificada. Aseguraron que, tras evaluar y resolver el recurso de los ecologistas, se tomarían las decisiones pertinentes, lo que finalmente resultó en la desestimación de su queja.

El proyecto de reapertura plantea la creación de alrededor de 2.000 puestos de trabajo, y se prevé la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos durante al menos 17 años. Sin embargo, esto debe sopesarse con las advertencias de las entidades ecologistas sobre repercusiones ambientales severas, especialmente en los recursos hídricos de la zona.

De acuerdo a las proyecciones, el proyecto supone el vertido de 85.520 millones de litros de aguas contamidas, con metales pesados, durante 18 años y medio, lo que conlleva riesgos significativos para el Estuario del Guadalquivir, un espacio de importancia crucial para la biodiversidad.

Los ecologistas mencionan que entre los metales contaminantes se encuentran sustancia peligrosas como el arsénico, cadmio y mercurio, lo que agrava las preocupaciones sobre el impacto ambiental.

A pesar de las promesas de la empresa de implementar una estación depuradora de última generación y mejorar la gestión hídrica, el escepticismo permanece entre los grupos ecologistas quienes cuestionan la credibilidad de tales afirmaciones mientras la Junta de Andalucía respalda el proyecto, insistiendo en que se cumplirían todas las garantías necesarias para prevenir vertidos tóxicos.

Además, se ha revelado que Minera Los Frailes, la sociedad creada para gestionar la mina, ha fallado en cumplir con sus obligaciones contraviniendo los términos de la concesión, ya que desde 2015 la antigua depuradora, responsable del tratamiento de las aguas, no está operativa, lo que ha resultado en vertidos descontrolados al río Guadiamar.