24h Andalucía.

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Posible falsificación en el BOJA sobre clases de FP en julio: la Junta investiga.

Posible falsificación en el BOJA sobre clases de FP en julio: la Junta investiga.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha denunciado con firmeza la falsificación de una publicación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) fechada el 28 de julio. En esta supuesta publicación, se convocaba a los profesores de Formación Profesional a presentarse en sus centros de trabajo a partir del 1 de julio para la implementación de la nueva Ley de FP, calificando la acción como "gravísima" y un "lamentable bulo".

En declaraciones a Canal Sur Radio, la consejera ha indicado que la Junta de Andalucía ha tomado medidas legales al respecto, con la presentación de una denuncia contra los responsables de difundir esta información falsa, ya que podría tratarse de una falsificación de documento público. La Junta ha alertado sobre este bulo en su canal específico de desinformación.

La falsa noticia obligaba a los profesores de Formación Profesional en Andalucía a presentarse en sus centros durante todo el mes de julio, bajo amenaza de sanciones administrativas, para preparar la implantación de la nueva ley. Para dar credibilidad al bulo, se acompañaba de una falsificación del BOJA, utilizando una plantilla de una resolución reciente sobre los Premios Extraordinarios de FP de grado superior.

Por otro lado, la consejera ha valorado positivamente el acuerdo entre las comunidades gobernadas por el PP para establecer una EBAU común, en contraposición a la propuesta de una nueva Selectividad del Gobierno central que, según Del Pozo, apenas presenta cambios más allá del nombre. Según la consejera, la propuesta del PP cumple con la legislación estatal y responde a una demanda estudiantil de criterios y fechas comunes de evaluación.

Del Pozo ha criticado la resistencia del Gobierno de Pedro Sánchez al cambio necesario en la EBAU, señalando que ha estado "mareando" durante dos años y calificando la situación como un "despropósito". La postura del ejecutivo central, según la consejera, no responde a las necesidades de los estudiantes y evidencia una falta de compromiso con la mejora del sistema educativo.