24h Andalucía.

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PP-A y Vox respaldan modificación de Ley de Incompatibilidades en el Parlamento

PP-A y Vox respaldan modificación de Ley de Incompatibilidades en el Parlamento

En el Pleno del Parlamento andaluz, llevado a cabo este miércoles, se aprobó con los votos a favor del PP-A y Vox, el decreto ley que modifica la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta y la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Esta modificación regula el proceso que debe seguir un ex alto cargo durante los dos años posteriores a su cese en caso de que vuelva a ejercer una actividad privada. Sin embargo, la izquierda representada por PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía se opuso a la convalidación de esta medida.

Además, se rechazó la propuesta de tramitar el decreto de ley como un proyecto de ley, apoyada por los partidos de izquierda y siendo apoyada por PP-A y Vox.

Esta medida, conocida como Decreto-Ley 6/2024, fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de mayo y defendida en el Pleno por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. Según el consejero, esta iniciativa busca solventar las deficiencias de la normativa vigente y corregir un vacío legal existente.

José Antonio Nieto expresó su disposición a colaborar con los distintos grupos parlamentarios para elaborar una nueva ley consensuada, ya sea a través de la tramitación del decreto, la creación de un anteproyecto de ley desde la Junta, o impulsando una proposición de ley desde la Cámara.

El consejero señaló que la normativa actual no establece un procedimiento para que los ex altos cargos obtengan aprobación de la Administración sobre la compatibilidad de su futura actividad profesional en los dos años posteriores a su cese, generando inseguridades y opacidades tanto para las personas afectadas como para las empresas privadas.

El decreto-ley convalidado este miércoles establece que durante los dos años posteriores al cese, los altos cargos no pueden realizar actividades relacionadas con expedientes en los que hayan dictado resoluciones durante su mandato. Además, se limita la firma de contratos con la Junta y sus entidades dependientes durante ese período.

El texto también modifica la Ley de Transparencia para ampliar la declaración de actividades, bienes e intereses obligatoria para los altos cargos, incluso después de haber cesado en sus funciones, con el fin de afianzar la transparencia en la gestión pública.

En respuesta a las críticas de la oposición, el diputado del PP-A Pablo Venzal defendió la necesidad de reformar la ley de altos cargos y rechazó las acusaciones de los partidos de la izquierda. Venzal remarcó la complejidad del tema y la premura de modificar la normativa vigente para adaptarla a los tiempos actuales.