SEVILLA, 17 de diciembre.

En una reciente rueda de prensa efectuada en el Parlamento andaluz, Rafael Márquez, coordinador de la Presidencia del Grupo Socialista, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, del Partido Popular Andaluz, el cese inmediato de Valle García, actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta demanda se fundamenta en lo que Márquez califica como una “gestión desastrosa” en el SAS, así como en un “escándalo de contrataciones de emergencia” que los diputados socialistas han llevado ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

Durante su intervención, el diputado socialista subrayó que no se puede permitir que el año 2024 termine sin que Moreno lleve a cabo este cese. Acusó a García de estar involucrada en el mencionado escándalo, que aparentemente ha afectado de manera generalizada a todo el sistema de contratación dentro del SAS.

Márquez argumentó que 2024 será recordado como el año en que el gobierno andaluz del PP permitió que el Parlamento se manchara con uno de los mayores casos de corrupción y fraude en la contratación sanitaria. Hasta ahora, tres altos cargos de la Junta –incluyendo a Valle García y a sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas– se encuentran imputados en este asunto, según lo señalado por el diputado en su exposición.

El parlamentario criticó duramente la falta de respuestas por parte del presidente de la Junta, quien no ha ofrecido ninguna aclaración frente a la Cámara ni ante los ciudadanos andaluces sobre este tema. Además, subrayó que el presidente ha evitado permitir que se forme una comisión de investigación que podría examinar un asunto de tan alta relevancia.

En su exposición, Márquez comentó que la semana pasada se conocieron dos “novedades significativas” respecto a los contratos de emergencia del SAS. Una de ellas fue la ampliación de la querella presentada por el Grupo Socialista, en la que se solicita extender la investigación a los ocho directores provinciales de las plataformas de contratación, que continuaron con las contrataciones de emergencia, pese a recibir advertencias sobre la ilegalidad de esos procedimientos.

El representante socialista enfatizó que esta situación acarrea una gravedad considerable, demostrando que las irregularidades en la contratación de emergencia se han propagado a lo largo de toda Andalucía y en el conjunto del Servicio Andaluz de Salud, lo que pone de manifiesto que el sistema de contratación del SAS está profundamente viciado por irregularidades.

Asimismo, el PSOE-A sostiene que esta prolongada corrupción administrativa, fomentada por el gobierno de Moreno, no podría haberse consolidado en el tiempo y en el territorio únicamente por la acción de los tres directores gerentes del SAS, sino que requirió de una complicidad más amplia dentro del gobierno.

Por esta razón, el Grupo Socialista ha comunicado al Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla sobre la necesidad de investigar por qué el Consejo de Gobierno no actuó al ser informado de los contratos en cuestión, sugiriendo que esto podría ser indicativo de complicidad o negligencia deliberada.

En otro desarrollo notable, el viernes pasado, el juzgado desestimó los intentos de una de las defensas de los directores gerentes imputados por interponer obstáculos a la investigación, permitiendo así que la Fiscalía Anticorrupción acceda a documentos cruciales relacionados con los contratos de emergencia del SAS.

Márquez apuntó que este auto judicial desmanteló los argumentos esgrimidos por el gobierno andaluz, y gracias a él, se podrá acceder a los borradores de los informes de la Cámara de Cuentas acerca de la contratación de emergencia, tal como lo había solicitado la Fiscalía.

El diputado socialista cuestionó, además, por qué el gobierno de Moreno ha mantenido oculta esta información y relacionó esta falta de transparencia con la reciente reunión del presidente con el de la Cámara de Cuentas, un encuentro que coincide con la revelación del auto judicial.

Rafael Márquez también insistió en que este auto demuestra que las adendas a los contratos de emergencia no son meros ajustes presupuestarios, sino acciones concretas de contratación que carecen de la adecuada habilitación legal o presupuestaria, contradiciendo así las afirmaciones del gobierno.

Ante estos nuevos desarrollos, el PSOE-A cuestiona al gobierno andaluz si continúa sosteniendo que la contratación de emergencia no se extendió hasta 2024 y si se mantiene en defensa de la actual gerente del SAS, dado que las evidencias apuntan a un patrón de conducta problemático bajo su dirección.

El parlamentario subrayó que el gobierno del PP-A se encuentra acorralado debido a las denuncias y los procedimientos en torno a los contratos de emergencia, y en este contexto, mencionó la reciente publicación de un nuevo Barómetro Andaluz de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), que prevé una nueva victoria por mayoría absoluta del PP-A en las próximas elecciones autonómicas.

Cuando los periodistas le preguntaron acerca de esto, Márquez descalificó la credibilidad del Centra, describiéndolo como una herramienta de propaganda del PP-A. Además, expresó su preocupación por la falta de acceso a los microdatos de la encuesta y denunció la inusual fecha de publicación, sugiriendo que esto podría ser un intento de distraer la atención en un momento en que el gobierno se siente acorralado por sus propias controversias.

Finalmente, concluyó que el presidente de la Junta parece incómodo con la oposición liderada por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, e interpreta que el uso de medios como el Centra se utiliza como un intento de deslegitimar la labor de oposición que está llevando a cabo el PSOE-A.