SEVILLA, 10 de diciembre. En un nuevo capítulo de la controversia que envuelve al Servicio Andaluz de Salud (SAS), el PSOE-A ha decidido ampliar la querella que había presentado anteriormente por presuntas irregularidades en los contratos del SAS. Esta ampliación incluye ahora a los responsables de las plataformas de compra en las ocho provincias andaluzas, lo que intensifica la presión sobre el Gobierno del PP-A liderado por Juanma Moreno.

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, hizo este anuncio en una rueda de prensa celebrada en la Cámara autonómica, donde expresó notable preocupación por las acciones del Gobierno andaluz, a las que describe como contratos "a dedo". Férriz destacó que la contratación de emergencia, impulsada bajo la excusa de la pandemia de Covid-19, se estaba utilizando en situaciones que evidentemente no justificaban tales prácticas, lo que derivaba en una falta de transparencia y en la posibilidad de favorecer a determinados intereses.

En su discurso, la portavoz subrayó que un juzgado de instrucción de Sevilla ha decidido admitir a trámite la querella inicial interpuesta por los 30 parlamentarios del PSOE-A. Esto ha llevado a la imputación de tres gerentes del SAS, representando a aquellos que ocupaban sus cargos durante la presidencia de Juanma Moreno. Este hecho resalta un ambiente de creciente inquietud en el Gobierno, según la interpretación de Férriz, quien aseveró que en San Telmo, la sede de la presidencia andaluza, "están temblando", ya que la llegada a los tribunales es una expectativa inminente.

Férriz amplió su argumentación, exponiendo que la mala gestión en la forma de contratación no sólo ha favorecido a unos pocos, sino que también ha socavado los principios de equidad que sustentan el sistema de salud pública. Este tipo de abuso sistemático, afirmó, ha llevado a una erosión grave de la sanidad pública, un bien común que debía ser preservado para todos.

La portavoz socialista también confirmó que, además de los gerentes imputados, han incorporado en la querella a todos los responsables de las plataformas de compra de las provincias, aludiendo a informes de la Intervención que señalan que un alarmante 70% de los contratos gestionados en esas plataformas contiene alguna irregularidad. Este dato, a su juicio, subraya la necesidad de un escrutinio riguroso sobre cómo se están manejando los recursos públicos en Andalucía.

Férriz continuó su crítica al Gobierno andaluz, afirmando que Juanma Moreno estaba al tanto de estas irregularidades, dado que muchos de los contratos se discutieron y aprobaron en los consejos de gobierno que presidía. A pesar de que ya existía conocimiento de que no se cumplían las condiciones necesarias para los contratos de emergencia, las decisiones seguían tomando rumbo hacia la adjudicación de estos contratos de manera irregular.

Además, la portavoz del PSOE-A abordó el impacto que esta forma de contratación ha tenido en los recursos públicos. Señaló que el uso de contratos de emergencia no solo implicaba una falta de competencia, sino que también había llevado a que se pagara un sobrecoste a la sanidad privada, utilizando recursos provenientes de los ciudadanos andaluces. La falta de verificación de los servicios efectivamente prestados por las clínicas privadas es, desde su perspectiva, un acto de gravísima irresponsabilidad, ya que podría haber posibilitado que facturas fueran emitidas por servicios no realizados.

Finalmente, Ángeles Férriz hizo un llamado directo al presidente de la Junta, instándolo a asumir su responsabilidad durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad que se llevará a cabo en el Pleno del Parlamento. Exigió que Moreno explique con claridad qué ha sucedido con los contratos irregulares, por qué ha prevalecido un sistema de fragmentación de contratos y, crucialmente, por qué durante una crisis de salud se priorizó el financiamiento de la sanidad privada sobre la atención a la sanidad pública.