SEVILLA, 18 de octubre.

Los grupos parlamentarios Socialista y Por Andalucía han presentado enmiendas de totalidad al proyecto de Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recientemente aprobado por el Gobierno andaluz del PP, solicitando su devolución al Ejecutivo debido a la identificación de “graves deficiencias”.

Según consta en la enmienda del Grupo Socialista, la cual fue consultada por Europa Press, el PSOE-A defenderá su postura en el debate sobre este proyecto durante la sesión plenaria del Parlamento andaluz programada para el próximo miércoles, 22 de octubre.

El Grupo Socialista critica que el proyecto de ley, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 24 de septiembre, carece de una visión que priorice el interés general, los derechos sociales y la adecuada gestión pública del patrimonio andaluz. Para ellos, lo que realmente se busca con esta reforma es establecer un marco legal a medida que facilite y acelere la venta de bienes públicos, lo que consideran injustificable en el contexto actual.

Argumentan que no existe una necesidad social urgente que respalde una ley de tal envergadura y tramitación acelerada en los últimos momentos de la legislatura. Según el PSOE-A, esta rapidez únicamente puede ser interpretada como un intento de eludir un debate tranquilo y sustancial sobre el modelo de gestión del patrimonio común.

El documento de enmienda también sostiene que el enfoque del proyecto responde a una lógica mercantilista, que se centra en la rentabilidad económica de los bienes públicos, despreciando su importancia social y su papel en la cohesión territorial. Aquí, el PSOE denuncia que la propuesta transforma los activos públicos en meras unidades de valor financiero, subordinando su administración a criterios de beneficio inmediato y despreciando su función de servicio público.

El Grupo Socialista advierte que la propuesta de ley, tal como está redactada, complica la protección del patrimonio al carecer de controles y condiciones sociales robustas, advirtiendo que esto podría llevar a que la gestión patrimonial se rija únicamente por principios de eficacia técnica y beneficios económicos, lo cual sería un desdén al bien común.

"Estamos ante una legislación que no busca proteger lo que es de todos, sino que se convierte en una vía para monetizar activos que deberían estar destinados al interés general", afirma el PSOE, quien también critica la falta de consenso en torno a esta iniciativa, citando un informe del Consejo Económico y Social de Andalucía que resalta la ausencia de un verdadero proceso participativo.

Desde esta agrupación, defienden que una ley de tal importancia no debería imponerse sin un amplio pacto social, reclamando que su enmienda busca garantizar que el patrimonio público continúe como un recurso para el bienestar social y no como un vehículo para intereses privados.

Alegan que el objetivo de la ley debe ser tanto preservar el valor del patrimonio como destinarlo a usos sociales que atiendan necesidades fundamentales como vivienda, servicios sociales y educación, enfatizando que el uso social de los bienes públicos debe ser la prioridad en cualquier reforma.

En el contexto de creciente desigualdad y necesidad de vivienda asequible, el Grupo Socialista ve esta ley como una oportunidad perdida para fortalecer el estado del bienestar en Andalucía, instando a una reestructuración del proyecto que incluya una clara priorización del destino social de los bienes públicos y condiciones rigurosas para cualquier transacción patrimonial.

Los socialistas también solicitan que se incluya en la ley una planificación a largo plazo para la utilización del patrimonio público, con un inventario transparente de los bienes ociosos y un enfoque colaborativo que involucre a los municipios y al tercer sector en la gestión de dichos activos.

Sin esta necesaria reconfiguración, advierten, el texto actual perpetuará un modelo de gestión tecnocrático y mercantil que ignora el mandato constitucional de servir al interés público.

Por su parte, el grupo Por Andalucía también ha registrado una enmienda total al mismo proyecto, manifestando que se han presentado en las últimas semanas iniciativas legislativas deficientemente elaboradas que buscan una tramitación apresurada, posiblemente motivada por la inminencia de las elecciones autonómicas.

El grupo considera que el proyecto de ley que se debatirá está incompleto y refleja la tendencia del gobierno del Partido Popular de hacer un uso inapropiado y desmedido del patrimonio público andaluz.

Desde Por Andalucía enfatizan que el patrimonio pertenece al pueblo andaluz y debe ser gestionado con el enfoque de preservar su función social, así como su propósito público, que debe servir a los intereses colectivos.

La enmienda de Por Andalucía también critica la filosofía mercantilista de la ley, que considera a los bienes públicos como susceptibles de ser vendidos, además de omitir regulaciones sobre la especulación de estos activos.

Finalmente, el grupo concluye que la propuesta actual no mejora la transparencia en la gestión del patrimonio y limita la participación ciudadana, ya que carece de las herramientas necesarias para facilitar una gestión participativa del patrimonio que debería pertenecer a todas y todos.