La situación en Andalucía se torna cada vez más crítica para el Gobierno regional, y el PSOE ha decidido intensificar su lucha al anunciar, este lunes, la ampliación de la querella interpuesta contra la Junta de Andalucía. Esta acción judicial se origina a raíz de la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia y la posterior crisis sanitaria.

Asimismo, los socialistas han llegado a un acuerdo con los grupos parlamentarios Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía para iniciar un debate general en la Cámara autonómica sobre las prácticas de contratación dentro del sistema público de salud entre 2021 y 2024. Esta medida busca poner el foco sobre la gestión del Gobierno y las irregularidades que puedan haberse suscitado.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE en Andalucía, el coordinador de Presidencia del Grupo Socialista, Rafael Márquez, expuso las dos iniciativas: la judicial y la parlamentaria. Aseguró que están en proceso de recabar nuevas diligencias relacionadas con la querella original, añadiendo que brindarán información conforme avanzan en este camino judicial.

En el ámbito parlamentario, Márquez enfatizó su objetivo de convocar a comparecer al presidente de la Junta, Juanma Moreno, argumentando que debe rendir cuentas ante una situación que preocupa profundamente a la ciudadanía andaluza. "No puede permitirse seguir en la superficialidad ante esta problemática", remarcó.

El parlamentario socialista prevé que "Moreno Bonilla terminará quemándose" debido a las implicaciones legales que surgen de las recientes demandas de la Fiscalía Anticorrupción. Esta entidad ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla la citación de la actual gerente del SAS, así como de sus predecesores, y ha pedido acceso a documentación clave para la investigación.

Márquez subrayó que estas acciones forman parte de una búsqueda de la verdad y de la responsabilidad en la gestión del Consell de Gobierno, cuestionando por qué se eliminaron los controles previos a la contratación de emergencia en 2020. Afirmó que las exigencias de la Fiscalía van más allá de lo que inicialmente solicitó el PSOE, lo cual demuestra la seriedad de la situación.

El parlamentario destacó que la investigación de la Fiscalía no es un mero trámite administrativo, sino una cuestión de gran relevancia que merece atención y acción. Además, mencionó un nuevo informe de la Intervención del SAS que aborda la contratación en 2022 y 2023, y que incluye varios informes desfavorables de años anteriores que, según su criterio, han sido ignorados por el Gobierno andaluz.

Desde la perspectiva del PSOE, dicho informe es de gran trascendencia y refuerza sus afirmaciones sobre un "sistema irregular y contrario a la ley". Insistió en que las pruebas apuntan a que el Gobierno no ha realizado las comprobaciones pertinentes de lo contratado, lo que pone en tela de juicio toda la estructura de contratación implementada en años recientes.

Rafael Márquez criticó que el Gobierno andaluz, lejos de corregir su accionar, ha mantenido un modus operandi irregular que se ha extendido incluso al año 2024. Recordó que la actual gerente del SAS, Valme García, es firmante de adendas que aumentaron las cantidades contratadas, lo que demanda aclaraciones urgentes en sede judicial.

El diputado socialista también se dirigió retóricamente a la gerente del SAS para cuestionarle sobre las adendas firmadas y su relación con la cobertura de servicios diagnósticos, implicando serias dudas sobre la legalidad de estos actos.

La rueda de prensa comenzó con un claro mensaje de respaldo a las manifestaciones ciudadanas que tuvieron lugar el domingo en diversas capitales andaluzas, organizadas por las Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública. Márquez consideró que estas movilizaciones son un reflejo del potente descontento ciudadano frente al deterioro del sistema sanitario, al que atribuyó un modelo de privatización impulsado por el Partido Popular en la Junta.

Finalmente, el diputado socialistas instó al Gobierno andaluz a prestar atención a las demandas populares que claman por acabar con las listas de esperas récord que abundan en el sistema de salud. Reiteró su crítica a cómo, a pesar de contar con más recursos que nunca, la sanidad andaluza funciona peor que antes. Instó al Gobierno a escuchar la voz del pueblo y a abandonar un modelo que continúa deteriorando la sanidad pública en la región.