SEVILLA, 10 de diciembre. Los líderes de las universidades públicas de Andalucía han emitido un alarmante aviso este martes, indicando su decisión de recurrir a todas las "vías legales" a su disposición para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno regional en términos de financiación. Al mismo tiempo, han instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a involucrarse personalmente en la resolución del problema que afecta a las instituciones académicas, que reclaman el abono de 50 millones de euros que, según los rectores, el Gobierno adeuda en virtud del modelo de financiación actualmente en vigor, así como por lo acordado en materia de complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI) temporal y para la carrera horizontal del Personal de Gestión y Administración (PTGAS).

“Nos comprometemos a hacer todo lo posible y a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para exigir que se respete tanto la legislación andaluza como los acuerdos firmados, sin descartar ninguna opción”, declaró Francisco Oliva, rector de la Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA). Oliva advirtió que cualquier otra alternativa carecería de lógica y equivaldría a aceptar un recorte unilateral de la financiación pública universitaria que podría alcanzar casi 25 millones de euros anuales, afectando gravemente a la estructura financiera de las universidades.

Durante una rueda de prensa llevada a cabo en la emblemática Fábrica de Tabacos de la Universidad de Sevilla, y a la que no asistió la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Oliva reveló que esa misma mañana la Consejería de Universidad había comunicado a los rectores una propuesta de transferencia de 21 millones de euros. Sin embargo, señaló que los criterios de distribución de dicha propuesta están siendo analizados en la actualidad. Aunque reconoció que este movimiento representa un avance, la solución sigue siendo “insuficiente”, según sus palabras.

El presidente de AUPA destacó que la suma de 21 millones de euros resulta escasa no solo desde la perspectiva cuantitativa, ya que aún faltarían más de 24 millones de euros de los casi 50 que se adeudan, sino también cualitativamente, debido a que esta transferencia no se consolidará. “Esto significa que no se integrará de manera permanente en el sistema financiero universitario andaluz, quedando así sin utilidad para materializar cualquiera de los acuerdos pendientes”, apuntó Oliva.

“Con esa cantidad, podremos cubrir los complementos retributivos únicamente este año, pero no en 2025 y en los años siguientes, dado que no está garantizada en el presupuesto para el próximo año. Es totalmente ilógico y poco prudente financiar unos complementos que se asentarían de forma permanente en las nóminas del personal, como si fueran efectivos a largo plazo, cuando en realidad tienen una fecha de caducidad: diciembre de 2024”, argumentó Oliva, dejando claro el riesgo que esta situación implica.

A pesar de que los rectores han reconocido que hay un cierto progreso y que se están comenzando a explorar soluciones, han enfatizado que lo ofrecido hasta ahora sigue estando “muy lejos de que la Junta de Andalucía cumpla con sus responsabilidades respecto a las universidades públicas”, especialmente a tan solo quince días de cerrar el año. La preocupación por los “graves incumplimientos” por parte de la Junta es palpable, teniendo como trasfondo el peligro que esto supone para la sostenibilidad financiera de las instituciones académicas.

Para este jueves, se ha convocado la comisión de programación del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), donde las universidades públicas esperan poder llegar a un acuerdo viable que responda a sus dos demandas fundamentales: cumplir con el modelo de financiación y con el pacto alcanzado en la mesa de negociación. La urgencia de esta situación requiere la atención inmediata y la colaboración efectiva de todas las partes involucradas para asegurar el futuro de la educación superior en Andalucía.