SEVILLA, 4 de diciembre.

En una declaración reciente, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (CREA Andalucía) ha subrayado la imperiosa necesidad de ajustar el canon aplicable al consumo real de agua, con el fin de promover tanto la conservación hídrica como la equidad económica entre los usuarios.

De acuerdo con la asociación, es fundamental que el canon correspondiente al año 2025 se establezca siguiendo criterios volumétricos, lo que no solo rectificaría las desigualdades presentes en el actual sistema, sino que también estimularía un uso más responsable y eficiente del agua. Esto resulta esencial para responder adecuadamente a los desafíos planteados por el cambio climático y la sostenibilidad ambiental.

CREA Andalucía hace un llamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pidiendo que los recursos técnicos y administrativos sean ampliados para facilitar la implementación del nuevo sistema de canon volumétrico. La falta de asistencia en estas áreas, según la asociación, no puede seguir siendo una excusa para mantener un modelo que, de modo injusto, castiga a las comunidades que ya están haciendo un esfuerzo considerable por ser más eficientes y sostenibles en su gestión hídrica.

La asociación también ha celebrado la reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que apoya la aplicación del canon basado en el volumen de agua realmente consumido en lugar de en la superficie cultivada. Esta exigencia, indicada durante mucho tiempo por las comunidades de regantes, es considerada por CREA como un paso crucial para asegurar tanto la equidad como la sostenibilidad en la administración de los recursos hídricos en Andalucía.

En su explicación, CREA detalla que el TEAC, en su resolución 00-2623-2021, fechada el 31 de mayo de 2023, enfatiza que el sistema de distribución del canon debe alinearse con los principios de un uso racional del agua y una justa distribución de las obligaciones económicas. Según la organización, la dependencia de la superficie cultivada como único indicador penaliza a aquellas comunidades que han realizado inversiones significativas en modernización y ahorro, promoviendo un modelo que desalienta el uso responsable del agua.

Las carencias del sistema se hacen evidentes especialmente en el Sistema de Regulación General del Guadalquivir, donde coexisten cultivos que requieren volúmenes de agua notablemente diferentes, oscilando, por ejemplo, entre los 1.500 m³/ha necesarios para el olivar y los 12.000 m³/ha requeridos para el arroz. Esta disparidad, argumentan, origina una serie de injusticias económicas, donde las comunidades que cuentan con menores dotaciones de agua se ven obligadas a asumir una carga financiera desproporcionada en comparación con aquellas que tienen derechos de agua más amplios, con lo cual se perpetúa un sistema que castiga a quienes operan con recursos más limitados.

Finalmente, la asociación ha destacado que la resolución del TEAC aclara que el actual criterio de reparto del canon no sostiene de manera convincente el uso de la superficie cultivada como criterio, ni está en consonancia con los principios de la Ley de Aguas. En este contexto, los regantes subrayan la urgencia de avanzar hacia un sistema que refleje el consumo real del agua y la disponibilidad del recurso, cumpliendo así con los principios de equidad y racionalización en su uso.