En una contundente acción contra la explotación laboral, la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a la trata de personas en Marchena, Sevilla. La operación, conocida como 'Alborga', ha resultado en la liberación de 14 víctimas que sufrían condiciones inhumanas y ha llevado a la detención de seis individuos, quienes podrían enfrentar serias acusaciones como trata de seres humanos y pertenencia a un grupo delictivo.

Dentro de este caso, uno de los detenidos también está acusado de un delito grave: la agresión sexual continua contra dos de las denunciantes iniciales. Todos los arrestados han sido puestos a disposición de los jueces para que se tomen las debidas acciones legales en su contra.

La investigación comenzó el 7 de octubre después de que se recibiera un aviso anónimo que alertaba sobre la posible retención de una mujer. Gracias a las primeras indagaciones, se logró localizar a las víctimas y se confirmó la alarmante condición en la que se encontraban, marcada por el abuso, la privación de libertad y un contexto de vulnerabilidad extremo impuesto por el grupo criminal.

El modus operandi de esta organización consistía en reclutar a sus víctimas desde sus países de origen con la falsa promesa de un empleo en la recolección de aceitunas. Sin embargo, al llegar a España, se les imponía una deuda inicial de 2.000 euros, la cual aumentaba continuamente de modo arbitrario, creando un ciclo de esclavitud por deuda que las mantenía atrapadas.

La red delictiva ejercía un control absoluto sobre las víctimas, retirando su documentación personal y restringiendo su libre movimiento. Se les forzaba a trabajar en condiciones extremas sin contrato y con salarios muy por debajo de lo legalmente establecido. Además, los líderes de la organización utilizaban la violencia y las amenazas, alertando a las trabajadoras que, de intentar escapar o denunciar la situación, serían enviadas a Alemania para ser explotadas sexualmente.

Gracias a un despliegue coordinado entre la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo, se creó un dispositivo de vigilancia que permitió interceptar a los miembros de la red en dos fincas agrícolas en la zona. Durante la operación, se puso de manifiesto que los trabajadores estaban realizando labores de manera irregular y habitaban en una vivienda con condiciones deplorables. En total, 14 víctimas de explotación laboral han sido identificadas y protegidas, mientras que los detenidos, cuyas edades oscilan entre los 28 y los 43 años, se enfrentan a un futuro incierto en manos de la justicia.