Sevilla da inicio al juicio de los ERE por las "pólizas individuales" concedidas por Guerrero en beneficio de personas cercanas

Sevilla da inicio al juicio de los ERE por las

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dado comienzo al juicio de la pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos, relacionada con las "pólizas individuales" suscritas por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero a favor de sus "amigos y vecinos".

Esta causa se centra en las pólizas individuales de seguro de rentas promovidas por Guerrero, miembro del PSOE y condenado por prevaricación y malversación en el caso de los ERE, en beneficio de cuatro personas cercanas a él, ya sea por propia iniciativa o a petición de los interesados.

Según el auto de transformación de las diligencias de investigación, estas personas recibieron cantidades elevadas de dinero de manera injustificada, ya que la propia Dirección General de Trabajo se presentaba como tomadora de los seguros y las primas se pagaban a través del método de "pagos cruzados". Guerrero enviaba cartas a las compañías aseguradoras, que ya contaban con fondos públicos asignados a través del procedimiento específico, para desviar determinadas cantidades en beneficio de estas personas y pagar los seguros individualmente contratados para ellas. El juzgado de instrucción número seis de Sevilla señaló la posible existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación.

Los acusados en este juicio son el exdirector de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, el consultor de Vitalia en Sevilla Jesús Bordallo, Alejandro M.T., vecino de El Pedroso y amigo de Guerrero, Cristina R.C., exgerente de la Fundación para la Promoción del Minusválido (Promi) y miembro temporal de la candidatura del PP a la Alcaldía de Córdoba en 2011, y el padre de Cristina, R.R.G.

El auto de conversión de las diligencias en procedimiento abreviado también menciona al fallecido exalcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo como beneficiario de una de las pólizas debido a su relación de amistad con Guerrero.

En la fase de cuestiones previas, la defensa de Antonio Albarracín ha alegado la prescripción de los hechos, argumentando que el último acto de firma de las pólizas ocurrió en agosto de 2007 y que su cliente fue llamado como investigado en abril de 2018, superando así el plazo de diez años que rige para los delitos de prevaricación y malversación.

La defensa de Jesús Bordallo también ha alegado la prescripción de los hechos, añadiendo que existe una falta de concreción en los hechos atribuidos a su cliente y que su participación en las pólizas no está claramente definida.

Además, la abogada defensora ha señalado la exclusión de Bordallo en otras piezas separadas de la macrocausa, como las relacionadas con las ayudas autonómicas para los procesos de reestructuración de empresas como Río Grande, FCC y Mac Puar, así como en la pieza de las sobrecomisiones, argumentando que su papel como consultor en Vitalia no es un indicio sólido de los delitos investigados.

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Andalucía