El pasado sábado, un masivo número de ciudadanos se congregó en varias ciudades andaluzas, incluyendo Málaga, Cádiz y Sevilla, así como en los municipios gaditanos de Tarifa y La Línea de la Concepción. El motivo de estas movilizaciones fue la defensa del derecho a una vivienda digna, así como la condena al modelo de "explotación turística" que afecta a estas áreas, que ha llevado a una significativa parte de la población a emigrar de sus lugares de origen.

Las organizaciones que convocaron estas manifestaciones lograron reunir a decenas de miles de personas, quienes, en un ambiente de firme reivindicación, recorrieron las calles de estas ciudades andaluzas. El foco de sus demandas estuvo en el acceso a viviendas, el cual se ha vuelto casi inalcanzable debido a los exorbitantes precios de compra y alquiler, además del preocupante fenómeno de "desplazamiento" de quienes ya no pueden permitirse residir en sus ciudades natales.

Durante las marchas, los manifestantes levantaron pancartas y corearon lemas que enfatizaban su derecho a la vivienda, rechazaban la "expulsión" de los residentes locales, y denunciaban el modelo urbano que, según ellos, resulta "insostenible". Estos mensajes resonaron en cada esquina, evidenciando la urgencia del tema entre la población afectada.

De acuerdo con las estimaciones de las plataformas organizadoras, cerca de 30.000 personas marcharon en la capital malagueña, mientras que en Sevilla la cifra alcanzó aproximadamente las 35.000. En Cádiz, se unieron alrededor de 4.000 manifestantes, todos convergiendo en un clamor colectivo por soluciones efectivas.

En Málaga, la organización Málaga Para Vivir (MPV) hizo hincapié en que el modelo urbano actual está sometiendo a los residentes a una "expulsión" constante y convierte la vivienda en un mero negocio, desmantelando el tejido social de la comunidad. La manifestación en esta ciudad, que los organizadores señalaron como un éxito, comenzó en la plaza de la Merced y se extendió por las arterias centrales, siendo una manifestación de unidad entre los malagueños.

El evento de este sábado se sumó a una serie de movilizaciones similares, como la del 29 de junio en la que se congregaron aproximadamente 15.000 personas. Nuevamente, recibió el respaldo de numerosos partidos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales, reflejando la unión de fuerzas en la lucha por el derecho a la vivienda.

Desde MPV han manifestado que la situación actual es "insostenible" y han delineado planes para intensificar el proceso de autoorganización en los barrios, centrando sus esfuerzos en tres áreas críticas: vivienda, precariedad laboral y crisis climática. "Estos aspectos corresponden a las preocupaciones más acuciantes de los vecinos", enfatizaron con determinación.

La ciudad de Sevilla también vivió una jornada significativa, donde la organización Sevilla Para Vivir (SPV) afirmó haber reunido a unas 35.000 personas. Los asistentes alzaron su voz con la consigna de que "la ciudad no es un negocio, es un lugar para vivir", y demandaron medidas contundentes de las administraciones públicas para garantizar el acceso a la vivienda, un derecho que consideran en grave riesgo.

SPV calificó la movilización como un "éxito" y exigió que las autoridades implementen mecanismos que efectivamente protejan el derecho a la vivienda, actualmente amenazado por la escalada de precios que empuja a los residentes fuera de sus barrios. Criticaron al Gobierno central por lanzar medidas que, a su juicio, solo favorecen la especulación y el enriquecimiento de propietarios y rentistas, mencionando específicamente el bono joven, que estiman como un simple traspaso de fondos públicos a intereses privados, alcanzando una suma de 200 millones de euros.

Además, denunciaron que el Gobierno local persiste en su propósito de exprimir turísticamente la ciudad, lo que deteriora aún más la calidad de vida de los vecinos, forzándolos a abandonar sus hogares.

En Cádiz, la plataforma Cádiz Resiste organizó una marcha que atrajo a unas 4.000 personas, quienes resonaron con lemas como "O cambiamos el sistema o nos quedamos sin vivienda" y "Vivienda social, sin dejar a nadie atrás". Esta movilización rechazó firmemente la especulación inmobiliaria que, según señalaron, transforma barrios en áreas turísticas a expensas de los residentes locales, y criticaron la presión económica que sufren los pequeños comercios debido a las grandes cadenas de negocio.

Asimismo, la plataforma Tarifa no se vende también alzó su voz en Tarifa, subrayando que las dificultades para obtener una vivienda digna no son recientes. Destacaron que muchas propiedades se dedican a la especulación en lugar de ser utilizadas como hogares, lo que intensifica el problema residencial en la zona.

Finalmente, en La Línea de la Concepción, la plataforma Flavi expresó su preocupación por cómo el "efecto frontera" ha incrementado los alquileres y lamentó el estado de abandono del parque público de vivienda por parte de la Junta. Las movilizaciones a lo largo de Andalucía evidencian un creciente clamor por un acceso justo y digno a la vivienda, reflejando la urgencia de un cambio en las políticas urbanas y sociales que prioricen a la ciudadanía por encima del turismo y la especulación inmobiliaria.