SEVILLA, 8 de noviembre. Este sábado, las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, junto con las localidades de Tarifa y La Línea de la Concepción, se unirán en una manifestación para poner de relieve una de las problemáticas más candentes de nuestra sociedad: el acceso a la vivienda y los efectos devastadores del modelo de "explotación turística". Las concentraciones comenzarán a las 12 del mediodía en Sevilla, Tarifa y La Línea, mientras que en Málaga y la capital gaditana tendrán lugar a las 11:30 horas.

En Sevilla, la movilización será organizada por la plataforma vecinal Sevilla para Vivir (SPV), quienes realizarán un recorrido desde el icónico Palacio de San Telmo hasta Las Setas. En Málaga, la organización Málaga Para Vivir (MPV) se concentrará en la plaza de la Merced, mientras que en Cádiz, Cádiz Resiste convocará a los ciudadanos en la Plaza de San Antonio. Tarifa también verá una movilización de la organización ciudadana Tarifa Para Vivir (TPV) en el paseo de la Alameda, y en La Línea, la Federación Linense de Asociaciones de Vecinos Inmaculada (Flavi) llevará su mensaje a la plaza de la Iglesia. Esta amplia participación ha sido confirmada por los diferentes convocantes a través de notas de prensa.

La organización SPV ha declarado que la crisis de la vivienda es un problema "estructural, de clase y de poder", y han hecho un llamado a dejar atrás la retórica de "buen ciudadano". Han criticado la postura del "gobierno progresista", que, en su opinión, ha demostrado ser cómplice en la gestión de esta crisis, aliándose con fondos de inversión, bancos, y propietarios que buscan beneficios económicos a expensas del bienestar común. Según ellos, el gobierno ha tratado de "blanquear" su rol en esta crisis habitacional durante los últimos meses.

El Gobierno central, según las declaraciones de SPV, está implementando "medidas conciliadoras" que, en lugar de ayudar, blindan la especulación por parte de los propietarios y rentistas. Este aspecto fue especialmente criticado en relación con el bono joven, que, según afirman, se convertirá en un mecanismo que transfiere dinero público hacia bolsillos privados, sumando potencialmente hasta 200 millones de euros. De igual manera, manifestaron su preocupación por el enfoque del Gobierno local, que sigue priorizando el turismo sobre el bienestar de los residentes, lo que, a su juicio, está resultando en la expulsión de los vecinos de sus propios barrios.

En Málaga, la plataforma MPV ha enfatizado la necesidad de cuestionar un modelo urbano que, afirman, "expulsa a sus ciudadanos, convierte la vivienda en un mero negocio y erosiona el tejido social". Esta situación, consideran, es "insostenible", y han anunciado que, tras la manifestación, seguirán fortaleciendo la autoorganización en los barrios centrando sus esfuerzos en tres ejes fundamentales: el derecho a la vivienda, la precariedad laboral, y la crisis climática o destrucción del territorio. Aseguran que estos ejes reflejan las verdaderas preocupaciones de las vecinas y vecinos.

Por su parte, Cádiz Resiste se moviliza en las calles en defensa de una vivienda digna y por el derecho a habitar en la capital gaditana. Han manifestado de manera contundente que "no permitirán que se nos expulse de nuestras casas para hacer espacio a pisos turísticos y cruceros". Su postura es clara y decidida, enfatizando la importancia de la comunidad por encima de los intereses turísticos.

En Tarifa, la plataforma ciudadana ha señalado que los obstáculos para acceder a una vivienda digna no son algo nuevo. Expresaron su preocupación por la tendencia a destinar suelos y casas no a la residencia, sino a la especulación, lo que contribuye a agravar la crisis habitacional en la zona.

Finalmente, en La Línea de la Concepción, la plataforma Flavi ha puesto de manifiesto el impacto negativo del "efecto frontera" sobre los alquileres, además de lamentar que el parque público de viviendas se encuentra en un estado de abandono por parte de la Junta de Andalucía. Esta situación ha llevado a que, en los últimos doce años, ninguna administración haya construido viviendas protegidas. Actualmente, más de 800 personas están en situación de vulnerabilidad habitacional y más de 190 viven en la calle, lo que refleja la urgencia de abordar esta crisis de manera integral y urgente.