GRANADA, 25 de diciembre. En un caso que ha puesto en el centro del debate sobre la ética en la función pública, la Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para una funcionaria de la Junta de Andalucía. La acusada, quien ocupaba un cargo en el servicio de gestión de pensiones de la Seguridad Social, habría utilizado su posición para obtener información confidencial sobre la hija de su pareja, un hombre que se enfrenta igualmente a dos años y dos meses de cárcel en esta misma causa.

Según el informe de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se detalla que el padre de la denunciante estaba legalmente obligado a pagar una pensión alimentaria tras su divorcio. La intención del acusado era eliminar este compromiso financiero, llevando a cabo una serie de gestiones que involucraban acceder a información privada de su propia hija.

El objetivo del hombre era “extinguir el pago de la pensión” al solicitar información detallada sobre la vida laboral de la menor. Para ello, según los documentos presentados, lo habría hecho en complicidad con la funcionaria, quien accedió a la información en un contexto no relacionado con sus funciones oficiales, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del sistema.

Se alega que, antes de presentar una demanda para modificar las condiciones de la pensión, el acusado habría convencido a la funcionaria de que solicitara datos sobre la situación económica de su hija, específicamente si estaba recibiendo alguna ayuda de inserción. La funcionaria, en febrero de 2021, habría pedido a una colega de su Departamento que obtuviera esta información, actuando así fuera de los límites de su autoridad.

Una vez obtuvo los datos, se alega que la funcionaria se los entregó al padre, quien, confiado en la información ilegalmente adquirida, formuló en diciembre de 2021 una solicitud para cancelar la pensión alimentaria. La denunciante se enteró posteriormente de que su padre había alardeado en público sobre su acceso a esta información, lo que la llevó a hacer una reclamación a la Tesorería General de la Seguridad Social.

La Fiscalía considera que los actos de la funcionaria constituyen un delito de descubrimiento y revelación de secretos, dado que se trata de un cargo público. Además de la solicitud de prisión, se le podría imponer una multa de 5.700 euros y una inhabilitación absoluta por seis años. Por su parte, el acusado también enfrentará una multa de 5.400 euros junto con la pena de cárcel solicitada.