24h Andalucía.

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Solicitan la anulación del juicio contra la ex cúpula de UGT-A por evidencias "ilegales" y un proceso de instrucción "excesivo" de Alaya

Solicitan la anulación del juicio contra la ex cúpula de UGT-A por evidencias

Las defensas de los acusados en el caso de fraude de subvenciones en UGT-A argumentan que toda la documentación utilizada en la investigación fue "sustraída" ilegalmente y que se vulneraron los derechos de los acusados durante el proceso judicial.

El juicio contra el ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y otros cuatro antiguos responsables sindicales comenzó en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla este lunes. Se les acusa de un presunto delito continuado de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, relacionado con la emisión de facturas falsas que habrían defraudado un total de 40.750.047,74 euros en subvenciones públicas.

Además de Fernández Sevilla, los investigados incluyen al ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el ex secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Es importante recordar que previamente, el juez del Juzgado de Instrucción número nueve sobreseyó la causa contra el exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana y otras siete personas debido a su "situación de incapacidad sobrevenida".

La vista comenzó con las cuestiones previas planteadas por la defensa de Federico Fresneda. El abogado Luis López de Castro argumentó que todas las actuaciones judiciales deben ser anuladas porque la causa se originó a partir de "documentación sustraída" e "obtenida ilícitamente" por un ex empleado de UGT-A, Roberto Alejandro Macías Chaves. Macías Chaves fue condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por filtrar información confidencial del sindicato a los medios de comunicación, pero no a las autoridades policiales y judiciales. López de Castro citó jurisprudencia que establece que las pruebas obtenidas de manera ilícita deben ser descartadas, lo que, según él, invalida todas las actuaciones en este caso.

El abogado defensor también mencionó la labor de la jueza Mercedes Alaya, quien inicialmente investigó el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos en Andalucía. Según López de Castro, Alaya intentó acumular todas las grandes causas relacionadas con la sociopolítica de Andalucía, lo que llevó a una instrucción "inquisitorial, desproporcionada, exagerada, viciada y con un secreto de sumario injustificado". Argumentó que esto creó un "juicio paralelo" en los medios de comunicación, dejando a los acusados en una situación de indefensión.

El abogado señaló que la investigación fue generalizada y casi ilimitada, superando todos los límites razonables. Criticó los registros domiciliarios realizados en la sede de UGT-A y en los domicilios de los encausados, así como la intervención de sus teléfonos móviles y las detenciones, considerando que carecían de justificación suficiente y de una audiencia con el Ministerio Fiscal. También lamentó que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incluyera en sus diligencias conversaciones telefónicas entre él y su cliente, así como conversaciones entre Francisco Fernández Sevilla y Carmen Castilla, dirigente de UGT Andalucía y actual diputada del PSOE en el Congreso por Sevilla, en las que Castilla expresaba su descontento por las comparaciones con Susana Díaz.

El abogado de Federico Fresneda concluyó afirmando que toda esta "instrucción inquisitorial" ha resultado en la vulneración de derechos fundamentales, una idea respaldada también por las defensas de María Chapín y Dolores Sánchez, quienes también señalaron la nulidad de las actuaciones judiciales.