La Fiscalía de Sevilla está exigiendo una severa condena de siete años de cárcel para un hombre que será juzgado el próximo día 25 por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, este hombre está acusado de poseer y distribuir pornografía infantil. Además de la pena de prisión, la Fiscalía también está solicitando diez años de libertad vigilada y siete años de inhabilitación especial para cualquier actividad que implique contacto directo con menores de edad.

Esta solicitud de condena se produce después de que hace unos meses, otro hombre fuera condenado a un año y tres meses de prisión por un delito similar de posesión y distribución de pornografía infantil. Este individuo había descargado y distribuido material audiovisual de contenido pedófilo desde su ordenador en su domicilio.

En una sentencia emitida el pasado 3 de mayo y recogida por Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial establece que el acusado, David F.N., entre los días 22 de abril y 5 de agosto de 2021, descargó archivos con contenido sexualmente explícito de menores de edad a través de su ordenador en su domicilio en Sevilla. Según el relato de hechos probados, durante un registro policial en su vivienda el 17 de junio de 2022, se encontraron en su ordenador programas de descarga de archivos como eMule y uTorrent. Estos programas eran conocidos por ser utilizados para obtener y compartir archivos de contenido pedófilo.

La sentencia condenatoria establece que se encontraron 183 archivos descargando y 129 archivos compartiendo en ese momento con otros usuarios conectados a la red. Estos archivos mostraban a menores de edad participando en actividades sexuales con adultos o con otros menores. También se encontraron masturbaciones y primeros planos de genitales en los archivos almacenados en las subcarpetas de descargas.

Como resultado de esto, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó al acusado a un año y tres meses de prisión por posesión y distribución de pornografía infantil. También impuso dos años de libertad vigilada después de la finalización de la pena de prisión, así como tres años y tres meses de inhabilitación especial para trabajar en profesiones o empleos relacionados con menores de edad.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba tres años de prisión, cinco años de libertad vigilada y otros cinco años de inhabilitación especial para empleos que involucren contacto con menores de edad.