SEVILLA, 28 de noviembre. Las alarmas se han encendido en Andalucía donde más de la mitad de los trabajadores de Telefónica podría verse involucrada en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Este plan afectaría en particular a las provincias de Sevilla y Málaga, donde se concentra un 47,03% del total de afectados a nivel regional. La preocupación ha sido expresada por Miguel Ángel Ojeda, representante del sector de telecomunicaciones de CCOO Andalucía, quien ha señalado que inicialmente 592 de los 1.259 empleados en la región están en la mira, aunque se espera que esta cifra se ajuste al alza o a la baja tras las negociaciones.

La selección de los empleados potencialmente afectados se basa en la edad, específicamente aquellos nacidos en 1969 o antes. En términos absolutos, Sevilla y Málaga se encuentran entre las provincias más golpeadas, con 275 trabajadores afectados en Sevilla de un total de 657, y 150 en Málaga, sobre 261 empleados. Esto revela la fragilidad de la situación laboral que enfrentan estos profesionales.

No obstante, el impacto porcentual muestra una realidad aún más alarmante en provincias con plantillas menores. Jaén lidera esta desoladora lista con un 61,3% de su personal potencialmente afectado, es decir, 19 de sus 31 trabajadores. Le siguen Cádiz con un 53,1% y Málaga con un 57,4%. A su vez, Córdoba también presenta cifras preocupantes, con un 52%, mientras que Huelva y Almería muestran un 50% y 47% respectivamente. Solo Granada parece mantenerse ligeramente por debajo de esta tendencia, con un 37,5% de afectados.

Desde CCOO Andalucía se ha resaltado que la distribución de los afectados revela una desigualdad en el impacto entre provincias, con una clara desventaja para aquellas que ya cuentan con un número bajo de trabajadores. Ojeda ha enfatizado que uno de los principales objetivos del sindicato será asegurar que no se produzcan despidos involuntarios. Durante las negociaciones, se pretende eliminar la cláusula forzosa que históricamente ha permitido cubrir la falta de voluntarios mediante criterios de edad.

Dicha cláusula permitiría que los despidos forzosos se basen en la edad si no se lograba el número de voluntarios necesarios. Para CCOO, eliminar esta norma es esencial para garantizar que cualquier salida del puesto de trabajo sea completamente voluntaria, evitando así que los trabajadores de mayor edad se vean forzados a tomar decisiones por la falta de opciones.

A nivel andaluz, se estima que alrededor de 600 trabajadores podrían verse involucrados en este ERE, cifra que Ojeda ha anticipado podría disminuir tras las negociaciones, con un objetivo de reducirla en alrededor de cien empleados. Esta ajustada cifra, si se extrapola a nivel nacional, significaría que cerca de mil trabajadores podrían no ser afectados, situación similar a la lograda en procesos anteriores.

Las prioridades del sindicato incluyen no solo reducir el número de afectados, sino también garantizar que las condiciones laborales no se deterioren y evitar la aplicación de la mencionada cláusula. Con respecto al calendario de este proceso, Ojeda ha indicado que las primeras salidas laborales están programadas para marzo de 2026, con fases sucesivas a lo largo de 2027, aún dentro del marco de edad definido.

Tanto Telefónica como los sindicatos buscan alcanzar un acuerdo antes de que finalice 2025, con la intención de reflejar el costo de este proceso en los presupuestos de dicho año. El análisis de las edades y la composición de la plantilla indica que Jaén, Málaga, Cádiz y Córdoba son las provincias que proporcionalmente se verán más afectadas, superando todas el 50% de impacto potencial.

Huelva y Almería se acercan al umbral del 50%, mientras que Sevilla calca un 41,8%, siendo Granada la única provincia con un porcentaje inferior, con un tercio de su plantilla dentro de las potenciales afectaciones. En términos absolutos, Sevilla representa un tercio de la masa laboral afectada en Andalucía, seguida de Málaga, que aglutina un cuarto.

Pese a la contundencia de las cifras, el sindicato asegura que las provincias con plantillas reducidas y altos porcentajes de afectados son las que podrían conservar esas estadísticas, como es el caso de Jaén. CCOO espera que las próximas reuniones concreten criterios definitivos y alcancen un acuerdo que minimice el impacto en las provincias más vulnerables.”

A nivel nacional, el ERE propuesto por Telefónica podría afectar a 6.088 empleados, lo que representa un 35,3% de la plantilla de las filiales implicadas. Este desglose incluye 3.649 personas en Telefónica de España, 1.124 en Telefónica Móviles y otros sectores que igualmente sufrirían recortes significativos.

Es importante recordar que, en ocasiones anteriores, el impacto total de tales procesos tendió a reducirse a medida que avanzaron las negociaciones entre la empresa y los sindicatos. En el último ERE, por ejemplo, sólo se concretaron 3.420 salidas laborales, una reducción notable respecto a las 5.124 inicialmente contempladas.

El coste del despido colectivo que se prevé para 2024 se estima en aproximadamente 1.300 millones de euros antes de impuestos, con una media de 380.000 euros por trabajador despedido, cifra que resulta inferior a los planes anteriores de la compañía.