24h Andalucía.

24h Andalucía.

Tres hijos de Ruiz-Mateos y exdirector de Trabajo procesados por fraude de 35 millones en ayudas de los ERE

Tres hijos de Ruiz-Mateos y exdirector de Trabajo procesados por fraude de 35 millones en ayudas de los ERE

El juzgado ha tomado una decisión en relación a otras tres hijos del empresario y político jerezano.

SEVILLA, 25 Abr.

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha determinado que se llevará a cabo un procedimiento abreviado en las diligencias previas contra Daniel Alberto Rivera (PSOE), exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, y otras 20 personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Esta investigación se centra en presuntas irregularidades en ayudas por más de 35 millones de euros otorgadas por la Junta a empresas del Grupo Ruiz-Mateos, como Complejo Bodeguero Bellavista, Zoilo Ruiz-Mateos S.L., Hotel Cervantes -Europa Center- y Comercial Alimentaria Dhul S.L.

En un auto notificado este jueves, el juez considera la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Por tanto, se continuará con el procedimiento abreviado contra un total de 21 investigados, incluidos Daniel Alberto Rivera, Álvaro, Francisco Javier y Pablo Ruiz-Mateos, así como el sobreseimiento provisional de la causa en relación a otros 16 investigados, entre ellos los hijos de Ruiz Mateos José María, Pablo y Zoilo.

En lo referente a la exclusión de otros implicados, el juez argumenta que no hay indicios suficientes para atribuirles una participación relevante en los hechos investigados. Además, se menciona la condena por su papel en el "procedimiento específico" de los ERE de los exconsejeros y exdirectores generales de Trabajo y Empleo.

En cuanto a Daniel Alberto Rivera, el magistrado destaca indicios sólidos de su participación en la concesión y pago de ayudas de forma injusta y arbitraria, a pesar de no tener connivencia con el resto de investigados.

Las ayudas se destinaron al pago de compromisos financieros y laborales, incluyendo a personas sin relación laboral con las empresas beneficiarias. El juez considera que la realización de pagos de ayudas a sabiendas de la ilicitud del procedimiento constituye un delito, independientemente de otras acciones llevadas a cabo posteriormente.

Por otro lado, la abogada defensora de Rivera expresó su preocupación ante las múltiples piezas separadas en las que se enfrenta a peticiones de hasta seis años de cárcel, lo que equivaldría a unas condenas que suman hasta 300 años de prisión.