UGT-A denuncia: "La Junta prioriza ayudas a empresas y olvida a los trabajadores tras las tormentas".

SEVILLA, 24 de marzo.

UGT Andalucía ha manifestado su disconformidad ante la reciente línea de ayudas que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha, diseñada para mitigar los efectos de las severas borrascas registradas en enero y febrero de 2026. Desde el sindicato, se argumenta que el Gobierno andaluz sigue priorizando los intereses de las empresas, a expensas de garantizar la protección laboral y el bienestar de los trabajadores afectados.

En un comunicado oficial, UGT-A ha señalado que, si bien la iniciativa podría parecer necesaria en un inicio, está "profundamente desajustada" con la realidad social generada por estos eventos climáticos. El sindicato defiende que la intervención del sector público es fundamental en situaciones de emergencia, especialmente ante la creciente repetición y severidad de crisis climáticas, que requiere respuestas contundentes y adecuadas.

UGT enfatiza que no se trata solo de mantener la actividad económica, sino de salvaguardar a quienes son el motor de dicha actividad. En su evaluación, critican que la Junta repita un patrón de asignar grandes sumas para ayudar a las empresas, mientras deja en el aire protección real para el empleo de los trabajadores.

El sindicato también ha señalado que uno de los déficits más preocupantes de este plan de ayudas es la falta de condiciones explícitas que aseguren la conservación del empleo. "Es inaceptable que el uso de fondos públicos no venga con la exigencia de mantener el 100% de los puestos de trabajo, ni siquiera durante un tiempo mínimo", han afirmado.

Además, UGT recalca que no se puede presentar como una medida efectiva para mantener el empleo si no coloca la estabilidad laboral como su principal prioridad. "No se puede permitir que se venda esta iniciativa como un salvavidas cuando carece de las garantías necesarias para proteger los puestos de trabajo", han subrayado desde el sindicato.

La organización sindical también ha manifestado su rechazo rotundo al sistema de concesión de ayudas mediante concurrencia no competitiva, que, según ellos, favorece a las empresas más grandes y con mayor capacidad técnica. Este sistema, que premia la rapidez en la presentación de solicitudes, deja a las pequeñas empresas y autónomos sin oportunidades reales de acceso a los fondos, exacerbando las desigualdades en el tejido empresarial.

Por otro lado, UGT ha criticado que las ayudas se distribuyan basándose en la ubicación geográfica de los municipios definidos como afectados, en lugar de considerar los daños económicos reales padecidos. Este enfoque, aseguran, genera injusticias al permitir que empresas que no han sufrido pérdidas accedan a recursos públicos, mientras que, por el contrario, otras que sí se han visto gravemente afectadas quedan excluidas.

Asimismo, el sindicato ha exigido una clarificación en los criterios para la asignación de las ayudas, argumentando que la falta de un baremo objetivo puede conducir a un reparto arbitrario y opaco de los recursos, lo que pone de manifiesto una vez más, la ineficacia en la gestión pública y la falta de equidad.

El problema va más allá de eso, ya que los 50 millones de euros destinados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo se suman a más de 700 millones asignados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, creando un escenario en el que se prioriza a las empresas, dejando de lado el bienestar de los trabajadores.

Además, el sindicato ha manifestado su indignación ante la percepción de que la protección social recae únicamente en el Gobierno central. Según UGT, la Consejería les ha indicado que "la protección de los trabajadores es responsabilidad de la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo", lo que consideran un desentendimiento grave de sus responsabilidades por parte de la Junta.

UGT ha insistido en que la Administración Autonómica no puede hacer oídos sordos a su deber de defender a aquellos que han visto comprometido su empleo y calidad de vida. "No se pueden rescatar empresas mientras se deja en la precariedad a los trabajadores", afirman.

Ante esta preocupante situación, UGT ha solicitado un cambio inmediato en la formulación de las políticas públicas para que las ayudas a las empresas andaluzas estén ligadas a la preservación del empleo, y se definan a partir de criterios justos y equitativos que consideren los daños reales y verificables. También han exigido una distribución de los fondos que sea completamente transparente.

Finalmente, el sindicato ha hecho hincapié en la necesidad de implementar ayudas directas y específicas para los trabajadores afectados, que son los grandes olvidados en este tipo de medidas. Subrayan que UGT "jamás apoyará políticas que socialicen las pérdidas de las empresas a expensas de la clase trabajadora".

En conclusión, han reafirmado que es posible enfrentarse a las consecuencias de fenómenos climáticos extremos desde un enfoque de justicia social, defendiendo el empleo y los derechos laborales. "Eso es lo que demandamos y el propósito de nuestra participación en el proceso de concertación social", concluyeron.