MÁLAGA, 4 de noviembre. El Juzgado de lo Mercantil de Málaga ha emitido un fallo que califica como culpable el concurso de acreedores de Aifos, la conocida empresa inmobiliaria, cuya declaración tuvo lugar el 22 de julio de 2009. Sin embargo, la sentencia solo afecta a Jesús Ruiz Casado, el propietario de la compañía, mientras que su esposa y otros implicados en el proceso han sido exonerados de cualquier responsabilidad.

Según información de Europa Press, la magistrada ha decidido inhabilitar a Ruiz Casado durante dos años para la administración de bienes ajenos y la representación de entidades, además de privarle de derechos al cobro de créditos relacionados con el concurso. Esta decisión se toma en el marco de la calificación del concurso, que ha sido parcialmente aceptada por la Administración Concursal, la Fiscalía y los acreedores, quienes denunciaron múltiples irregularidades que habrían contribuido a la crisis de la empresa.

La sentencia menciona fallos graves en la documentación presentada, así como irregularidades contables que impactaron en la evaluación tanto de activos como de pasivos. La magistrada también hace referencia a la crisis financiera de 2007, destacando que la burbuja inmobiliaria y los problemas relacionados con las hipotecas jugaron un papel crucial en la quiebra. Sin embargo, insiste en que no hay pruebas contundentes que demuestren una conducta dolosa generalizada por parte de Ruiz Casado.

La juez concluye que no se ha podido demostrar cómo estas irregularidades llevaron a la insolvencia de Aifos, considerando que no es posible determinar ni cuantificar el impacto de las causas de culpabilidad. Por lo tanto, rechaza establecer una condena compensatoria por el déficit concursal, que supera los 120 millones de euros. Esta cantidad es crucial para muchos acreedores y afectados que han reportado grandes pérdidas.

Además, la sentencia absolvió a la esposa de Ruiz Casado, así como a otros dos individuos y cinco empresas del grupo vinculado a la promotora, argumentando que no existen evidencias que señalen una conducta intencionada o negligente que haya contribuido a la insolvencia.

El juicio se inició en junio de 2022 con el fin de determinar la culpabilidad de los responsables de Aifos en relación a la crisis económica de la compañía, y la sentencia se entregó en septiembre del mismo año. Durante este período, el tribunal examinó las alegaciones de alzamiento de bienes y otras irregularidades, concluyendo que muchas de ellas no se habían probado.

La magistrada también destacó que las prácticas de transferencia de activos entre empresas del mismo grupo eran comunes y no necesariamente implicaban un alzamiento de bienes. Según su análisis, aunque la gestión de Aifos pudo haber presentado deficiencias, estas no fueron realizadas con la intención de perjudicar a los acreedores, sino para mejorar la imagen financiera de la compañía y asegurar financiamiento para proyectos.

A pesar de las irregularidades señaladas, la decisión ha generado un descontento considerable entre los afectados, incluidos compradores de viviendas que han visto poner en riesgo sus ahorros. Carlos Cómitre, abogado de los perjudicados, calificó la resolución como decepcionante, sugiriendo que la falta de condena representa una sensación de impunidad para quienes dirigieron Aifos.

El abogado también recriminó a la magistrada por centrarse en aspectos formales en lugar de condenar severamente la conducta de aquellos que controlaron la empresa y que, en última instancia, la llevaron a la quiebra. La decisión no solo excluye la dimensión humana del desastre causado por la caída de Aifos, sino que también minimiza la responsabilidad de quienes la llevaron al colapso.

Finalmente, para aquellos que esperaban que el fallo pusiera de manifiesto el impacto social y humano de esta situación, el resultado ha sido una amarga decepción, reforzando la necesidad de un enfoque más riguroso y moralmente responsable en los delitos económicos que afectan a miles de personas y a su bienestar. Así, la sentencia abre un debate relevante sobre la responsabilidad empresarial en tiempos de crisis y las inevitables consecuencias que estas decisiones tienen en la vida de las personas comunes.