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Veredicto de 22 años de prisión por abuso sexual a hijastra y propia hija en su niñez

Veredicto de 22 años de prisión por abuso sexual a hijastra y propia hija en su niñez

La Audiencia de Málaga ha emitido una sentencia condenando a 22 años de prisión a un hombre por abusar de una de sus hijastras y, posteriormente, de su propia hija. La denuncia de esta última destapó los primeros casos de agresión sexual.

Según la sentencia, el acusado vivía en Torremolinos con su esposa y las dos hijas de esta, una de ellas con nueve años en ese momento. A partir de 2008, cuando la niña tenía 13 años, comenzaron los abusos, aprovechando momentos en que la madre no estaba presente.

La niña guardó silencio sobre lo ocurrido con su padrastro, quien continuó abusando de ella en múltiples ocasiones. La menor finalmente escribió sobre lo sucedido, pero su madre no le creyó, lo que permitió que los abusos se prolongaran hasta que la joven abandonó el hogar a los 17 años.

Posteriormente, en 2017, el acusado comenzó a abusar de su otra hija, entonces de nueve años, cuando se mudaron a Benalmádena. El hombre realizaba tocamientos a la niña y le amenazaba para mantenerla callada.

Estos abusos continuaron durante cuatro años, hasta que la menor contó a su madre lo sucedido. Fue entonces cuando la hermanastra también denunció haber sido víctima de abusos en el pasado.

El acusado ha sido condenado a 10 años de prisión por abuso sexual continuado hacia su hijastra y a 12 años por agresión sexual hacia su hija, con prohibición de aproximarse a ellas. Además, se le imponen diez años de libertad vigilada tras cumplir la pena de privación de libertad.

La sentencia destaca la persistencia de las acusaciones de las víctimas en el tiempo, respaldadas por informes periciales. Se impone la máxima pena ante la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas, que sufrieron continuos atentados contra su libertad sexual.

El Tribunal señala que el acusado abusó de su condición de padrastro y de su relación de parentesco para cometer los delitos. Se le exige una indemnización de 50.000 euros a cada una de las víctimas por los daños morales sufridos.