El Consejo Consultivo pide reescribir la Ley del Presupuesto andaluz 2027: ¿la entiendes tú?
El Consejo Consultivo pide revisar la redacción del Presupuesto andaluz 2027: cifras en blanco y errores que dificultan entender cómo se gasta tu dinero.
La Ley del Presupuesto de Andalucía para 2027 está tan mal redactada que el propio Consejo Consultivo pide revisarla de arriba abajo. Sí, el documento que decide cómo se gasta tu dinero necesita una corrección gramatical.
El dictamen, aprobado por el Pleno del Consejo Consultivo a petición de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, llega justo después de que el Consejo de Gobierno diera luz verde al proyecto el pasado 30 de octubre. Es decir, el texto ya estaba en marcha cuando los expertos pidieron frenar y repasarlo.
¿Qué tipo de errores hablamos? Cosas que a primera vista parecen menores: unas veces se escribe «Universidades Públicas Andaluzas» y otras «Universidades públicas andaluzas», hay concordancias de número y persona mal puestas y los signos de puntuación no siguen una pauta fija. Nada de esto cambia una cifra, pero sí dificulta leer con claridad el texto.
Además, el documento tiene huecos. Hay cifras pendientes en la exposición de motivos y cuadros que aparecen en blanco o marcados con una doble equis para rellenar más adelante. Un presupuesto con casillas vacías es, como mínimo, una señal de prisa.
Para una familia que quiere saber si habrá más dinero para su colegio, su centro de salud o las carreteras de su pueblo, esto importa. Un presupuesto ilegible para el ciudadano es un presupuesto difícil de vigilar. Si no entiendes en qué se gasta, no puedes exigir cuentas a quien lo gestiona.
El Consejo Consultivo también critica el uso de la palabra «conectividad» para hablar de municipios y provincias. Según el dictamen, ese término pertenece sobre todo al mundo de las telecomunicaciones; para carreteras y transporte serían más apropiados «conexión», «comunicación» o «vertebración territorial». Un detalle técnico, sí, pero que revela el nivel de precisión con el que se ha redactado.
Eso sí, el dictamen concluye que el procedimiento general se ajusta a la ley y respeta el ordenamiento jurídico. Es decir, el problema no es de legalidad, sino de calidad del texto y de claridad para quien lo tiene que leer.
Ahora la pelota está en el tejado de la Consejería de Hacienda, que deberá decidir si incorpora estas observaciones antes de que el Parlamento andaluz empiece a debatir la ley. Lo sensato es que ciudadanos, asociaciones y colectivos sociales pidan un texto comprensible, con cifras completas y con un glosario de términos. Si el presupuesto es de todos, todos deberíamos poder leerlo.