El jurado del caso de El Torrejón en Huelva se disuelve y obliga a repetir el juicio.

HUELVA, 30 de marzo.

Un nuevo juicio se prepara en Huelva tras la disolución del jurado popular en el caso de un hombre de 48 años que perdió la vida en una pelea en 2020, en la barriada de El Torrejón. La magistrada a cargo de la sala decidió convocar un nuevo juicio debido a que el jurado no pudo llegar a un veredicto decisivo, a pesar de que las actas le fueron devueltas hasta en tres ocasiones por presentar contradicciones.

Según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, esta medida de disolución del jurado es rara y se encuentra contemplada en el artículo 65 de la Ley del Jurado. Este artículo establece que si tras un máximo de tres devoluciones al jurado no se logra un veredicto, se procederá a disolver al jurado y a convocar un nuevo juicio oral.

El nuevo juicio requerirá la formación de un nuevo jurado popular y la designación de un nuevo presidente de sala, lo que podría alargar el proceso judicial, ya que el nuevo juez tendrá que revisar la documentación del caso antes de fijar una nueva fecha para el juicio.

En el proceso que comenzó el 13 de marzo, estaban presentes, además del Ministerio Fiscal, tres acusaciones particulares que representaban a la familia del fallecido, así como un equipo de defensa que representaba a los acusados. Durante las últimas sesiones, el fiscal decidió retirar la acusación contra dos de los once procesados, considerando que no tuvieron una participación directa en los hechos, pero mantuvo las acusaciones contra el resto.

La fiscalía solicitaba 15 años de prisión para el principal acusado por un delito de homicidio, mientras que para otros cuatro implicados propuso una pena de 13 años. En cuanto al resto de los acusados, se solicitaban cuatro años por lesiones cualificadas. El abogado que representa a algunos de los hermanos de la víctima se unió a esta petición, mientras que otro abogado de la familia rebajó la gravedad del delito de asesinato a homicidio, reclamando una pena de 15 años para el tío del principal acusado por ser un "reincidente".

Por su parte, la acusación que representa a la madre del fallecido y a otro hermano se mantuvo firme en su acusación inicial de asesinato con alevosía, pidiendo 25 años de prisión para cada uno de los acusados, argumentando que todos habían participado en el acto mortal de forma conjunta.

Como respuesta, las defensas pidieron al jurado que se declarara "no culpables" a sus clientes, sosteniendo que no había evidencia suficiente para condenarlos por homicidio o asesinato. Un abogado defensor expresó ante el jurado que no existían pruebas concretas: "No hay huellas, no hay armas, no hay nada", y solicitó que se aplicara el principio de 'In Dubio Pro Reo', es decir, que ante la duda el acusado debe ser considerado inocente.

Durante las audiencias, se presentaron distintas teorías sobre el origen de la pelea. Las acusaciones aseguraron que la disputa surgió por problemas relacionados con una fuga de agua en el apartamento de la víctima, lo cual desencadenó una solicitud de dinero para arreglos y las amenazas por parte del acusado principal. En contraste, las defensas argumentaron que el conflicto se debió a supuestos acosos por parte del fallecido hacia la hija menor del acusado de la puñalada, alegando que la víctima fue quien inició la confrontación.

Una testigo, vecina de la víctima, describió al fallecido como una persona "conflictiva" que ocasionaba temor y situaciones de acoso. No pudo confirmar si había acosado a la hija del acusado, pero resaltó que el fallecido tenía un comportamiento preocupante hacia mujeres de diversas edades.

Durante el juicio, los forenses que realizaron la autopsia fundamentaron que la causa de la muerte fue una puñalada en la espalda que seccionó órganos vitales, resultando en una "pérdida masiva de sangre". Detallaron que la víctima presentaba múltiples lesiones en diversas partes de su cuerpo, indicando que fue atacado con un arma blanca en un ángulo ascendente.

La investigación policial reveló el hallazgo de varias armas en las cercanías del lugar donde ocurrió el ataque, incluyendo un cuchillo y un bate de béisbol. Tras la pelea mortal, se registraron otros incidentes de violencia en la zona, lo que llevó a reforzar la seguridad en el área.

Los análisis de ADN descubrieron trazas de sangre del fallecido y de otros implicados en la ropa del acusado principal. Sin embargo, algunas muestras no pudieron ser identificadas debido a la escasa cantidad de ADN encontrado.

Los testigos, incluidos familiares y vecinos, compartieron sus versiones de los eventos, con algunos hermanos de la víctima asegurando que él no tenía conflictos previos con nadie en el vecindario. Establecieron que la pelea derivó de la disputa sobre el costo del arreglo en el hogar del acusado, aunque las defensas argumentaron que había inconsistencias en los testimonios ofrecidos.

Así concluye una jornada complicada en un caso que no solo ha marcado a las familias involucradas, sino que también subraya la problemática de la violencia en entornos cotidianos y la necesidad de una justicia que funcione efectivamente para todos.