Caso ERE: 18 ex altos cargos de la Junta, imputados por 44 millones a Santana Motor

Dieciocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía y de la Agencia IDEA vuelven a sentarse en el banquillo de los investigados. Detrás está el rastro de más de 44 millones de euros de dinero público que acabaron en una fábrica que ya estaba liquidada.

El juez José Ignacio Vilaplana ha reactivado la investigación sobre las ayudas concedidas en la provincia de Jaén. Entre los citados figuran el exconsejero de Economía Antonio Ávila Cano, los exviceconsejeros Luis Nieto y Justo Mañas y el exdirector general de la Agencia IDEA, Antonio Valverde Ramos. Todos deberán declarar a finales de 2026.

¿Qué se investiga? Si la fábrica Santana Motor ya había acordado su liquidación el 29 de abril de 2011, ¿por qué siguió recibiendo dinero público después? Según el auto, la agencia IDEA hizo ampliaciones de capital en su filial Incuba para enviar fondos a la empresa, con el objetivo de pagar prejubilaciones e indemnizaciones. Todo ello, al margen de las bases reguladoras de las subvenciones. Los delitos que se persiguen son prevaricación, malversación y falsedad documental.

Para la gente de a pie, esto no es un asunto de despachos. Hablamos de 750 extrabajadores que recibieron anticipos de ayudas que, en teoría, debían seguir un procedimiento concreto, y que ahora se revisa si se pagaron sin ese control. Y hablamos de dinero que sale de los impuestos de todos los andaluces, dinero que podría haberse destinado a empleo, sanidad o educación.

La Intervención de la Junta ya ha detectado más de 900.000 euros en anticipos no recuperados y pagos a personas que no eran beneficiarias. También aparece un préstamo de 1,5 millones de euros a una asociación vinculada a la mercantil Matresur que, según los indicios, podría ser ficticio. El instructor ha ampliado la investigación hasta diciembre de 2026 y ha pedido toda la documentación sobre partidas, contratos y el despacho de abogados Garriges.

Qué puede pasar ahora: el juez tomará declaración a una decena de testigos, entre ellos interventores, directivos de Santana y representantes sindicales de UGT y CCOO. Si se confirman los indicios, las responsabilidades podrían alcanzar a cargos que hoy son ex altos cargos, pero que en su día decidieron sobre el dinero de todos.

Qué pueden hacer los afectados: si fuiste trabajador de Santana Motor o de sus proveedores y tienes documentos sobre anticipos o indemnizaciones, guárdalos y consulta con tu sindicato o con un abogado. Y, como ciudadano, sigue el caso: las causas de este tipo solo avanzan si la sociedad las mira de cerca.