Piden hasta 12 años y medio de cárcel para ocho policías locales de Granada
Piden hasta 12,5 años de cárcel para 8 policías locales de Granada por acceder sin permiso a VioGén sobre una víctima de violencia machista.
Piden hasta 12 años y medio de prisión para el exjefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, y otros siete agentes. La acusación los señala por entrar sin permiso en VioGén, la plataforma de seguimiento de víctimas de violencia machista, para sacar datos de una mujer.
El caso empezó en julio de 2024. La mujer, expareja de un subinspector del cuerpo condenado por maltratarla, denunció que su agresor "siempre había estado al tanto de todos sus movimientos, incluso por delante de ella". Sospechaba que compañeros de la Policía Local consultaban su expediente y le pasaban información, o que él usaba las claves de ellos.
El juzgado ha procesado a ocho agentes por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía pidió el archivo porque, según su criterio, los hechos no son delito penal. Pero la acusación particular, ejercida por la mujer, ha pedido que se abra juicio oral.
Según su escrito, entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024 se habrían hecho 47 accesos no autorizados a la plataforma, sin anotar el motivo. Se habrían consultado recorridos de la víctima, cambios de horario de su trabajo, cambios de domicilio, medidas de seguridad y datos de su hija menor. Para la acusación, esos accesos generaron "temor y desasosiego" y la obligaron a cambiar aún más sus rutinas de seguridad.
La acusación pide para cada acusado la pena de prisión, la inhabilitación absoluta y una indemnización de 20.000 euros para la mujer y otros 20.000 para su hija. También reclama al Ayuntamiento de Granada como responsable civil subsidiario, y que las sesiones del juicio sean a puerta cerrada para proteger la intimidad de ambas.
Por qué importa: el caso trata de si quienes deben proteger a una víctima de violencia de género pueden usar sus herramientas para vigilarla. Lo que ocurra en el juicio, si se abre, marcará hasta dónde llega el control sobre esas bases de datos. Por ahora, son solo acusaciones que deberán probarse ante el tribunal.