El TC admite el recurso de Andalucía contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
El TC admite el conflicto de Andalucía contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 por posible invasión de competencias y autonomía financiera.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de competencias que la Junta de Andalucía ha presentado contra varios artículos del Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Es decir, el alto tribunal va a estudiar si el Gobierno central se ha pasado de sus competencias con este plan.
Según la nota informativa del TC, la admisión se produjo este jueves, 5 de noviembre. El mismo día, el tribunal también admitió el conflicto que ha planteado la Junta de Extremadura contra preceptos del mismo Real Decreto 326/2026, de 22 de abril.
¿Qué cuestiona la Junta? El Gobierno andaluz sostiene que varios artículos del decreto serían contrarios al reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Además, considera que la norma podría lesionar la autonomía financiera de Andalucía. Entre los puntos señalados están el diseño de las aportaciones que deben hacer las comunidades, el detalle con el que se describen las actuaciones y el reparto de cuotas, el régimen de protección permanente de las viviendas y el sistema de autorización estatal para la publicidad de las actuaciones.
La Junta también critica la «exhaustiva descripción» de los 18 programas financieros del plan. Según su planteamiento, esto invade una competencia exclusiva autonómica, porque impide adaptar las ayudas a las necesidades de cada territorio. En su opinión, el Estado degrada a las comunidades a meras gestoras de subvenciones. Otro de los puntos cuestionados es el artículo 153, que condiciona la presentación de actuaciones financiadas a una autorización o a la presencia del ministro, algo que el Gobierno andaluz considera que despoja a la Junta de sus competencias exclusivas en vivienda.
El Consejo de Gobierno andaluz ya había formulado un requerimiento al Consejo de Ministros el 23 de junio. El Consejo de Ministros lo rechazó el 21 de julio, y defendió que el plan «no regula con carácter general la política autonómica de vivienda», sino el instrumento estatal de financiación.
Para la ciudadanía, esto significa que el futuro reparto de ayudas para vivienda en Andalucía depende ahora de lo que decida el Constitucional. Mientras tanto, el plan estatal sigue en vigor, según se desprende de la información disponible. El tribunal deberá pronunciarse sobre el fondo del conflicto; la noticia no recoge plazos para ello.