SEVILLA, 19 de marzo.

En una declaración reciente, el Gobierno de Andalucía ha revelado que está analizando detenidamente los detalles del acuerdo entre el Ejecutivo central y Junts, que aborda la cuestión del repartimiento de menores migrantes. Esta revisión se lleva a cabo con la intención de evaluar la posibilidad de presentar un recurso legal ante los tribunales.

Durante la conferencia de prensa que siguió a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, expresó su firme rechazo a lo que calificó de "absolutamente indignante": un acuerdo que implica, según ella, una nueva concesión al independentismo catalán.

“Los datos son contundentes: para Andalucía se estima la llegada de cerca de 800 migrantes menores, mientras que a Cataluña solo se asignan 30, a instancias de Carles Puigdemont, un independentista que se encuentra fuera de la ley”, subrayó España.

La portavoz argumentó que es Puigdemont, desde su exilio en Waterloo, quien está dictando al Gobierno central y a las comunidades autónomas cuántos menores migrantes no acompañados deben recibir.

“Estamos agotados de estas constantes concesiones al independentismo y de ser humillados por el Gobierno de España”, manifestó España, quien enfatizó que la Junta de Andalucía está considerando los pormenores del acuerdo para determinar si procederá con una acción legal.

Sin importar la constitucionalidad del pacto, añadió que “lo que es indiscutible es que no es un acuerdo que promueva la justicia social, la solidaridad o el respeto a los derechos humanos”.

Además, la Junta sigue a la espera de que el Gobierno central proporcione los recursos necesarios para atender a los “605 menores que llegaron de manera irregular”, refiriéndose a aquellos que fueron trasladados a Andalucía, lo que representa una carga financiera de aproximadamente 17 millones de euros.

En relación a la cantidad de menores que se esperan en Andalucía, España aclaró que por ahora solo hay "estimaciones". Independientemente de si se trata de 700 u 800, es evidente que existe una “desproporción” significativa en comparación con los que recibirá Cataluña.