El 13 de enero en Sevilla, se ha dado un paso significativo hacia la regulación del sector del transporte en Andalucía. La Dirección General de Movilidad y Transportes de la Junta de Andalucía ha puesto a disposición del público un proyecto de decreto que busca desarrollar la Ley 2/2003, del 12 de mayo, relativa a la Ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos para viajeros. Esta propuesta se centra especialmente en la regulación del arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y propone limitar los precios en situaciones de "alta demanda", que pueden surgir en ferias o eventos deportivos, musicales, culturales y de ocio.

Esta información ha sido confirmada en el texto del decreto que ha sido sometido a consulta pública, el cual incluye un artículo específico sobre el "régimen de precios en supuestos de alta demanda". Se establece que, de acuerdo con lo que dicta la Ley 2/2003, los precios del arrendamiento de vehículos con conductor, como norma general, no están sujetos a tarifas administrativas. Sin embargo, se introduce la importante salvaguarda de que, por razones de interés general, los precios en esas ocasiones no podrán duplicar la tarifa ordinaria del mismo trayecto ofrecida por la empresa operadora.

El decreto también refuerza la obligación de las empresas y plataformas de VTC de informar de manera clara y transparente a los usuarios sobre los precios aplicados, lo cual es un paso esencial para evitar la falta de información en situaciones de alta demanda. Se entenderá por tales situaciones aquellos eventos de gran afluencia que provoquen un aumento notable en la solicitud de transporte, como espectáculos, ferias y otros eventos culturales y de ocio.

Para asegurar el cumplimiento de esta medida, los servicios de inspección de transporte podrán requerir información a los operadores o empresas intermediarias. Este decreto está siendo elaborado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y busca, por un lado, desarrollar normativamente las condiciones para el servicio de transporte de viajeros en vehículos de arrendamiento con conductor, y por otro, establecer requisitos específicos para la obtención de autorizaciones de VTC en la comunidad autónoma de Andalucía.

La justificación principal para limitar los precios de los VTC durante situaciones de alta demanda radica en la necesidad de proteger a los usuarios de tarifas desmesuradas, especialmente en festividades o eventos donde la oferta no satisface la demanda. También se busca evitar vacíos legales, especificando cómo demostrar la precontratación del servicio en caso de que el registro correspondiente no esté operativo por razones ajenas a una falla técnica.

El proyecto de decreto también aborda los requisitos necesarios para acceder a la profesión de conductor de VTC en Andalucía, con el objetivo de garantizar que estos profesionales proporcionen un servicio de calidad y seguro. Entre los requisitos planteados se encuentran tener un permiso de conducción vigente, un certificado de capacitación profesional, estar dado de alta en la Seguridad Social y no ejercer otras actividades que puedan comprometer la capacidad para conducir.

Además, los conductores tendrán que demostrar conocimientos básicos a través de un examen que abarque la normativa vigente sobre transporte, así como aspectos como la atención a clientes con discapacidad y la conducción sostenible. También se han establecido condiciones adicionales para la inscripción en este examen, como no haber sido condenado por delitos sexuales y no sufrir enfermedades que afecten la capacidad para conducir.

En cuanto a los vehículos usados en este servicio, se han fijado requisitos específicos sobre la publicidad, que deberá ser clara y no obstaculizará la visibilidad del conductor ni de los pasajeros. Además, se estipula que la información publicitaria en el exterior del vehículo solo podrá referirse a la plataforma correspondiente.

El proyecto también protege los derechos de los usuarios al establecer que, en caso de cancelación del servicio por parte de la empresa, tendrán derecho a una indemnización equivalente a la penalización prevista para las anulaciones por parte de los clientes. El reembolso deberá procesarse en un máximo de siete días hábiles luego de la cancelación.

Finalmente, el decreto incluye un apartado sobre las infracciones y sanciones relacionadas con el arrendamiento de vehículos con conductor, alineándose con la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Esta propuesta de decreto estará disponible para el público durante 15 días hábiles desde el pasado 11 de enero, y se invitará a la ciudadanía a presentar alegaciones a través de distintos canales, incluyendo correo electrónico y el Registro Electrónico de la Junta de Andalucía.