SEVILLA, 30 de enero.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía, Carolina España, ha anunciado este jueves que ha recibido una notificación de reserva de fecha del Ministerio de Hacienda, confirmando la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el próximo 26 de febrero.

En un comunicado de audio, España ha destacado el retraso prolongado de un año en la celebración de este órgano clave que busca coordinar acciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Ha recordado que en diciembre de 2023, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió que se reunirían en enero de 2024, pero hasta ahora no se ha concretado dicha reunión.

La consejera no ha ocultado su desconfianza, señalando que la ministra Montero podría estar utilizando esta reunión para facilitar un nuevo pago a su socio político, en relación a la aprobación de los presupuestos del Estado para 2025. España ha insinuado que el verdadero convocador del CPFF podría ser Carles Puigdemont, lo que añade un componente político a la situación económica actual.

Además, como portavoz del Gobierno andaluz, España ha dejado claro que no apoyarán ningún intento de pagar privilegios a costa de Andalucía, reiterando que es esencial abordar el problema de financiación que enfrenta la comunidad. En ese sentido, ha subrayado la necesidad urgente de establecer un Fondo de Nivelación que remedie la infrafinanciación que Andalucía ha sufrido desde 2009.

La consejera también ha criticado la tardanza en la convocatoria del Consejo de Política Fiscal, recordando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había prometido durante la Conferencia de Presidentes en diciembre de 2024 que este órgano se reuniría en enero de 2025. Ahora, señala, parece que la fecha definitiva será el 26 de febrero, aunque aún están a la espera de recibir la convocatoria formal y el orden del día.

España ha enfatizado que el objetivo primordial de esta convocatoria debería ser la revisión y rectificación de un sistema de financiación autonómico que necesita ser renovado desde 2014, considerándolo perjudicial para Andalucía, que anualmente deja de recibir 1.522 millones de euros.

Con un mensaje contundente, la consejera ha afirmado que “Andalucía no tiene un problema de deuda, sino un problema de financiación”, una declaración que subraya la urgencia de abordar el tema de la financiación autonómica con seriedad y compromiso por parte del Gobierno central.