SEVILLA, 8 de julio. La Junta de Andalucía ha expresado su contundente oposición a la propuesta presentada por el Gobierno en la reciente reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia. Esta iniciativa plantea la redistribución de cerca de 4.000 menores migrantes no acompañados provenientes de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla entre diferentes comunidades autónomas. Lo más notable es que Andalucía sería la principal receptora, con un total de 677 menores, mientras que Cataluña y el País Vasco quedarían al margen del sistema de reparto.

Al finalizar la reunión, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, dejó claro que la propuesta del Gobierno centra el debate en dos caminos: el bienestar de los menores o la agenda política del presidente Pedro Sánchez. Según López, Andalucía opta sin dudar por la primera opción, priorizando el interés de los niños en lugar de las estrategias políticas del mandatario español.

La consejera también enfatizó la histórica solidaridad de Andalucía, señalando que la comunidad ya ha acogido 634 menores migrantes no acompañados que han sido trasladados a la región de forma discreta y bajo el pretexto de ser mayores de edad. Este desafío apenas ha podido ser manejado por la comunidad, que se encuentra lidiando con los costos de dicho alojamiento a pesar de la falta de ayuda gubernamental en esta situación crítica.

López ha manifestado la disposición de Andalucía para seguir recibiendo a los menores, pero con la premisa innegociable de que esto se realice dentro de las capacidades del actual Sistema de Protección de Menores, que ya se encuentra al borde de su capacidad y enfrenta el riesgo de colapsar, afectando así la atención de los niños que ya se encuentran bajo su cuidado.

La falta de sensibilidad del Gobierno con esta propuesta fue criticada por la responsable de Inclusión Social, quien subrayó que esta medida parece más una imposición que una solución colaborativa. Según ella, la distribución de 677 menores a Andalucía, mientras que otras comunidades que sostienen apoyos clave para el Gobierno quedan excluidas, deja en evidencia las prioridades del Ejecutivo de Sánchez.

López concluyó su intervención subrayando que la política del Gobierno hacia los menores migrantes se reduce a una práctica de apilamiento en instalaciones, tratando a estos niños como meros números en un esquema político que, a su juicio, los utiliza como moneda de cambio para mantener su permanencia en el poder.