La Audiencia Provincial de Cádiz, en su Sección Octava ubicada en Algeciras, ha dictado una contundente sentencia contra el armador del pesquero Rúa Mar, quien enfrenta un total de 22 años y dos meses de prisión. Esta condena se deriva del trágico hundimiento de la embarcación en enero de 2020, que resultó en la perdida de seis vidas. El fallo llegó tras la conclusión del juicio el pasado 10 de octubre.

De acuerdo con información obtenida por Europa Press, el tribunal ha determinado que el armador deberá cumplir 12 años encarcelado por homicidio imprudente relacionado con las muertes, junto a otros factores que aumentan su condena. Así, el armador también ha sido sentenciado a cinco años y cuatro meses por un delito contra la salud pública, un año y dos meses por pertenencia a un grupo criminal, y más de tres años por blanqueo de capitales, además de una tentativa en la misma línea. La cifra que debe abonar como indemnización a los familiares de las víctimas supera el millón de euros, y se enfrenta a una multa de más de seis millones y medio de euros.

En el caso de los demás acusados, las penas han variado entre seis años y dos meses hasta tres años y cuatro meses, siendo la pareja del armador una de las implicadas por delitos de blanqueo. Es importante destacar que el proceso judicial incluye a seis acusados; sin embargo, uno de ellos permanece en paradero desconocido.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional revelaron, a principios de 2019, la existencia de una red comprometida en la introducción de hachís desde Marruecos a través de barcos de pesca. Esta organización era liderada por el propio armador del Rúa Mar, quien contaba con varias embarcaciones modificadas para ocultar este tráfico ilegal bajo la fachada de actividades pesqueras legítimas.

La sentencia detalla cómo estos barcos fueron adaptados para transportar hachís en alta mar, con doble fondo en su estructura, lo que les permitía evadir el escrutinio de las autoridades al utilizar licencias de pesca como cobertura. La relación entre el armador y los patrones de las embarcaciones era de suma confianza, lo que aseguraba la continuidad de su actividad delictiva.

En particular, el documento judicial menciona que el 22 de enero de 2020, el Rúa Mar partió del Puerto de Barbate hacia las aguas marroquíes y fue localizada en coordenadas que coincidían con las intercepciones telefónicas entre los acusados. Durante ese día, el armador mantuvo una conversación clave desde un vehículo con un dispositivo de escucha, donde se enteró de que había sido cargado hachís y de una avería en el barco.

Sin embargo, tras esta comunicación, se perdió el contacto con la embarcación y su tripulación. Fue solo al amanecer del 23 de enero que los servicios de Salvamento Marítimo intentaron establecer contacto con el armador, quien finalmente reaccionó tras recibir varias llamadas sin respuesta.

Sobre las 3:10 horas, se le informó de que se había activado la radio baliza del Rúa Mar. Sin embargo, esta no fue manualmente activada y se encontró a 14 millas del punto donde se reportó su señal, lo que sugiere que la tripulación pudo haber enfrentado una situación crítica sin poder alertar a las autoridades a tiempo.

La sentencia también pone de relieve que, a pesar de que el armador conocía la avería en su embarcación, no tomó las medidas necesarias para evitar el desastre, lo que podría haber permitido que los servicios de salvamento actuaran antes de que ocurriera el hundimiento. Esta omisión resulta alarmante, considerando su responsabilidad como patrón y único contacto en caso de emergencia.