SEVILLA, 17 de febrero.

La investigación que ha sacudido la Delegación del Gobierno en Andalucía ha llevado a la captura de Rafael Pineda, quien se desempeñó como jefe de gabinete. Su arresto está relacionado con una operación urbanística en torno a una parcela de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) ubicada en Pino Montano, en los terrenos del Higuerón. Esta situación salió a la luz gracias a una denuncia sobre la venta de la parcela a través de un proceso de subasta pública que se percibió como irregular.

Fuentes cercanas a las diligencias han confirmado que la UCO de la Guardia Civil ha llevado a cabo al menos cinco detenciones, incluyendo la de Pineda y varios empleados de Emvisesa, en el marco de una investigación que está siendo supervisada por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.

El pasado noviembre, el Ayuntamiento comenzó una investigación interna y suspendió a un trabajador de Emvisesa luego de que se tuviera acceso a un informe de la UCO. Este documento apuntaba a la implicación de ese empleado en un proceso presuntamente "desierto y continúo" relacionado con la venta de la parcela, así como su recepción de más de 78,000 euros en su rol dentro de la empresa pública.

El informe resalta que la parcela en cuestión había permanecido desierta durante muchos años, particularmente bajo la gestión del exalcalde Juan Espadas (PSOE), quien asumió el cargo en 2017. El alto precio de venta fue una de las razones que impidieron la operación, ya que había tres inquilinos en el terreno, como indicaba el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.

Según de la Rosa, cuando se revisó la situación de la parcela, se tomó en cuenta el "lastre" que representaban los inquilinos, lo que llevó a una tasación a la baja. Esta parcela fue valorada en 1.8 millones de euros y, sorprendentemente, fue vendida por casi cuatro millones solo cinco meses más tarde, generando numerosas sospechas, tal y como señaló el concejal ante los medios.

El Ayuntamiento, actuando a través de Emvisesa, se involucró en la causa el 20 de octubre pasado, una vez que se levantó el secreto de las investigaciones. En este contexto, el alcalde José Luis Sanz (PP) criticó la gestión del PSOE durante su mandato, señalando que solo se construyeron 83 viviendas de protección oficial en ocho años, sugiriendo que su administración estaba más enfocada en otros asuntos que en abordar la crisis de vivienda que afecta a los jóvenes.

Desde el primer momento en que el caso comenzó a captar la atención mediática, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha defendido la legalidad del expediente de la operación urbanística en cuestión, asegurando que se ciñó a todas las normativas vigentes.