En un hecho alarmante para la comunidad LGTBI, la Policía Nacional ha procedido a la detención en Torremolinos, Málaga, del individuo responsable de la organización de una fiesta que se anunciaba en redes sociales con un mensaje abiertamente discriminatorio. Este anuncio indicaba explícitamente que se prohibía la entrada a personas de la comunidad LGTBI, una advertencia que ha encendido el debate en torno a la intolerancia y la exclusión social.

La controversia estalló en las plataformas digitales cuando se hizo público el reglamento del evento, que contenía prohibiciones claramente discriminatorias, mencionando explícitamente: "no se permiten peleas, drogas, gorras, chanclas y maricones". Además, se señalaba que "la dirección se reserva el derecho de acceso", lo que generó un amplio rechazo por parte de varios sectores de la sociedad.

Ante esta situación, diferentes colectivos LGTBI y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, se movilizaron y presentaron denuncias formales, lo que llevó a la Policía Nacional a abrir una investigación al respecto. La Fiscalía de Málaga también intervino, abriendo diligencias relacionadas con este evento privado, en un intento por abordar y frenar la homofobia manifestada en el anuncio.

La Fiscalia ha comenzado a investigar a partir de la sospecha de que pudieran existir delitos vinculados a la denegación de prestaciones, tipificado en el artículo 512 del Código Penal, así como la posible vulneración de la dignidad de la comunidad LGTBI, poniendo de relieve la importancia de dignificar el trato hacia todos los individuos independientemente de su orientación sexual.

Desde el consistorio de Torremolinos se subrayó que no existe "ningún local" en el municipio que haya decidido abrir sus puertas bajo estos criterios excluyentes. También se enfatizó que "no existía ningún tipo de trámite administrativo relacionado" con esta fiesta anunciada, reforzando el compromiso del Ayuntamiento en la protección de los derechos de la diversidad sexual.

El gobierno local indicó que se enteraron a través de los propios organizadores que existía la intención de alquilar un local en la calle Cruz para llevar a cabo la fiesta, lo que técnicamente se clasifica como actividad ocasional. Sin embargo, según se informó, finalmente decidieron no llevar a cabo el evento, lo que podría interpretarse como una respuesta a la presión social y legal en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI.