La Comisión Europea ha puesto en duda la eficacia de la proposición de ley de la Junta de Andalucía para regularizar los regadíos en Doñana, ya que considera que podría "deteriorar" el humedal al ir "en dirección contraria" a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TJUE) que exige su protección. A pesar de que España ha adoptado medidas para garantizar su cumplimiento, la Comisión las considera insuficientes y cree que la nueva legislación podría tener un impacto negativo en el área protegida.

Estos comentarios se han producido después de la reunión mantenida por el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, y el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco. La reunión se había convocado a petición de la Junta de Andalucía y se ha celebrado una semana después de que Sinkevicius afirmara que utilizará todos los medios a su alcance para garantizar que España cumpla con la sentencia del TJUE.

La Comisión Europea está "profundamente preocupada" por los posibles efectos negativos de la nueva legislación en Doñana, uno de los humedales más grandes de Europa y de gran importancia para la Red Natura 2000. El comisario ha hecho hincapié en que la ley debería servir para "la aplicación plena y oportuna" de las sentencias del TJUE.

La agricultura intensiva y el turismo en la zona han estado relacionados con la disminución de las balsas en Doñana. La Comisión cree que los niveles actuales de extracción de agua subterránea son "insostenibles" y requieren medidas "urgentes" para controlar las extracciones. La nueva ley propuesta por la Junta de Andalucía, según la Comisión, podría agregar más presión a un área ya sobreexplotada.

El comisario ha destacado la importancia de un uso sostenible del agua y la conservación de los espacios protegidos, especialmente en un contexto de sequía. Además, ha advertido que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea tendría efectos desastrosos en los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, uno de los puntos clave de biodiversidad de la UE.

Por último, la Comisión Europea evaluará "detenidamente" las aclaraciones proporcionadas por el Gobierno español y la Junta de Andalucía en las cartas enviadas la semana pasada.