El Ayuntamiento de Carboneras, ubicado en Almería, ha manifestado su oposición contundente al anteproyecto y al estudio de impacto ambiental de una planta solar fotovoltaica diseñada para la desaladora del municipio. Las autoridades locales argumentan que este proyecto, tal como está concebido, atenta contra el progreso social y económico de Carboneras, ya que ocupa una zona industrial estratégica esencial para el desarrollo de nuevas iniciativas y el fomento del empleo, especialmente tras la reciente clausura de la central térmica de Endesa.

En un comunicado extenso dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica, el Consistorio expresa que, sin este espacio industrial, el futuro de Carboneras se ve comprometido, arriesgando un colapso económico y social. Dentro de esta misiva, el Ayuntamiento presenta varias alegaciones con el objetivo de que se detenga el procedimiento actual y se replantee el proyecto.

En este sentido, solicita la revocación del expediente actual y plantea la necesidad de un nuevo anteproyecto, además de exigir la nulidad de los trámites relacionados con el estudio de impacto ambiental. El gobierno municipal también sugiere que la planta solar se construya en suelos alternativos que no perjudiquen el futuro industrial de la región.

El Ayuntamiento, liderado por Salvador Hernández (CS), enfatiza que el área afectada se sitúa en la denominada Zona-X, que está destinada a actividades productivas. La ocupación de esta superficie, de aproximadamente 30 hectáreas, que el Consistorio tiene la intención de dedicar a suelos industriales, sería un golpe duro para las expectativas de nuevas industrias, como plantas de metanol, hidrógeno verde y otra desaladora.

El ejecutivo municipal resalta que este espacio es vital para alojar nuevos proyectos que compensen el cierre de la central térmica y generen empleo, apoyando así el crecimiento y desarrollo de Carboneras. Al mismo tiempo, la instalación de esta planta solar entra en conflicto con la construcción de una nueva variante de acceso al puerto, la cual se vería obstaculizada por la planta, dejando al municipio sin un medio de comunicación vital con la zona industrial y los puertos.

Esta variante es considerada crucial para desviar el tráfico pesado del núcleo urbano y su falta agravaría la situación de contaminación que enfrentan los residentes. La inversión en esta infraestructura cuenta con el respaldo de la Autoridad Portuaria y está contemplada en el plan de ordenación del levante (Potla).

Aparte de los aspectos relacionados con el desarrollo industrial y la infraestructura, el Ayuntamiento también critica el estudio de impacto ambiental por sus "graves defectos e irregularidades". Según expondrían, el proyecto carece de la información adecuada para los vecinos, ya que no fue debidamente publicitado y las zonas a expropiar no han sido claramente definidas.

Además, creen que se ha obviado información importante al presentar el proyecto como una simple "extensión" de la desaladora, cuando en realidad se trata de un trámite independiente que no pondría en peligro la producción de agua del organismo, estimada en 50,000 metros cúbicos diarios.

Como solución alternativa, el Ayuntamiento propone utilizar una parcela municipal de 106 hectáreas, de las cuales 85 son aptas para la instalación y están ubicadas cerca de la cantera. Esta área es actualmente libre de ocupaciones y, según el Ayuntamiento, resulta ideal para el proyecto, al estar a solo 2,5 kilómetros de la desaladora.

De este modo, el Consistorio sostiene que esta ubicación evitaría expropiaciones, concentraría la planta en un único lugar, preservaría los terrenos industriales de la Zona-X y ayudaría a minimizar el impacto social y económico.

Más allá de los argumentos socioeconómicos, el Ayuntamiento también plantea alegaciones jurídicas, considerando que el expediente podría ser considerado nulo si la planta solar se gestiona como una obra hidráulica conectada a la desaladora.

En este contexto, subrayan que la tramitación de la instalación fotovoltaica debe alinearse con la normativa energética, evitando el riesgo de un "fraude de ley" al intentar justificar su desarrollo bajo regulaciones de la Ley Estatal del Agua, que no deberían aplicarse en este caso.

Asimismo, el Ayuntamiento sostiene que la competencia para autorizar plantas solares fotovoltaicas de menos de 50 megavatios recae en la Junta de Andalucía, y no en el Gobierno central, ya que la instalación se sitúa dentro de su jurisdicción y no debería ser considerada como parte de una "obra hidráulica".

Finalmente, se enfatiza que la desaladora y la planta solar deben ser tratadas como proyectos independientes. "No se pueden extender los efectos de una obra a otra, sobre todo cuando estamos ante una instalación energética no contemplada en el proyecto original ya ejecutado", concluyen las autoridades locales.