El Ayuntamiento de Carboneras, en la provincia de Almería, ha tomado una decisión importante al enviar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dos documentos que actualizan su plan general de ordenación urbana. Esta acción responde a los requerimientos del tribunal, que busca clasificar las tierras del paraje de El Algarrobico, donde se encuentra el hotel Azata del Sol, como "no urbanizables".
En una comunicación reciente, enviada el pasado viernes y a la que tuvo acceso Europa Press, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández del partido Ciudadanos, informó al tribunal que el 1 de abril se incorporó al expediente un informe técnico del arquitecto municipal. Este informe se elabora para atender las correcciones que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada había solicitado el pasado diciembre.
El alcalde también ha enviado una copia del informe técnico junto con las modificaciones parciales del plan general y las adaptaciones de las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Estas correcciones buscan cumplir la sentencia que exige la reclasificación de las áreas ST-1 y ST-2, que corresponden a las ubicaciones de El Algarrobico y El Canillar, con el objetivo de asegurar la protección medioambiental y urbanística de estas zonas sensibles.
Es importante recordar que la Sala había requerido una serie de rectificaciones que fueron señaladas tanto por organizaciones ecologistas como por la Junta de Andalucía. Entre estas rectificaciones, se incluía la obligación de hacer pública la normativa urbanística corregida, en relación con los terrenos que forman parte del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
El informe del arquitecto detalla la actualización del plan general hasta marzo de 2025 y resalta la necesidad de subsanar ciertos “errores tipográficos” que han sido indicados por el TSJA. Entre los ajustes más relevantes, destaca la eliminación del término “El Canillar” como suelo urbanizable vigente, así como otras referencias relacionadas.
El alcalde, quien ha sido instado por la magistrada María del Mar Jiménez Morera a proporcionar informes cada diez días sobre el avance de estos trámites, ha reiterado en su comunicación el compromiso de su administración de cumplir con las resoluciones judiciales y colaborar en todo lo necesario para ejecutar el fallo, un proceso que se ha prolongado por cuatro años.
Hernández se muestra optimista ante la posibilidad de haber abordado las diversas solicitudes que ha recibido su Ayuntamiento, las cuales han obstaculizado hasta ahora la declaración de “no urbanizables” para los terrenos de El Algarrobico y El Canillar, donde se sitúa el hotel de Azata.
Sin embargo, los demandantes sostienen que el Ayuntamiento ha limitado su respuesta a la inclusión de los contenidos de la sentencia en documentos técnicos, sin dar la debida publicidad a estos cambios en los boletines oficiales necesarios.
Desde Greenpeace, se ha instado al tribunal a que sea el propio TSJA el que ejecute la sentencia, argumentando que el tiempo transcurrido y las maniobras del Ayuntamiento ponen en duda su compromiso con el cumplimiento de las resoluciones judiciales relacionadas con el hotel.
Para esta organización, la serie de acontecimientos sugiere que el Ayuntamiento de Carboneras no tiene intención de cumplir con la sentencia mencionada. Por ello, consideran crucial que la Sala actúe directamente, aunque el tribunal aún parece decidido a esperar que el Ayuntamiento siga los pasos establecidos.
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