MADRID, 5 de noviembre.

Carlos Fernández, quien fue concejal en el controvertido partido de Jesús Gil en Marbella, ha sellado un acuerdo con la Fiscalía tras casi dos décadas de fuga. A finales de octubre, Fernández fue arrestado y ahora se ha comprometido a pagar una multa de 4.000 euros y a indemnizar al Ayuntamiento de Marbella con 250.000 euros en relación con el escandaloso 'caso Saqueo II'.

El pacto fue alcanzado durante una audiencia en la Audiencia Nacional, donde el tribunal decidió dejarlo en libertad provisional luego de considerar su disposición a colaborar con la justicia, una decisión que se tomó en el marco del acuerdo que ambas partes han alcanzado.

Fernández había estado viviendo en Argentina durante su tiempo de fuga y fue capturado el 29 de octubre al ser identificado en un control policial en el aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez, proveniente de un vuelo de su país de refugio, con la intención de rendirse ante las autoridades españolas.

De acuerdo con documentos de la Audiencia Nacional a los que tuvo acceso Europa Press, la representación del exconcejal informó previamente sobre su llegada a Madrid mediante un escrito presentado ante el tribunal.

Tras su detención, se llevó a cabo una audiencia donde tanto la Fiscalía como su defensa solicitaron que se le concediera la libertad provisional, argumentando su disposición a presentarse ante la justicia y la programación del juicio para el día miércoles.

En 2006, en el marco de la investigación conocida como 'Malaya', la Policía Nacional llevó a cabo un registro en la residencia de Fernández. Al día siguiente, su abogado envió un documento al juzgado en el que el exedil decía que estaba colaborando con las autoridades y alegaba estar realizando el Camino de Santiago, aunque no se supo de su paradero hasta 2017.

Ese año, en septiembre, Fernández fue arrestado en Argentina tras entregarse a las autoridades, después de llevar a cabo gestiones en España sobre la prescripción de los delitos de los que se le acusaba, incluidos los relacionados con 'Malaya' y 'Saqueo II'.

En noviembre de 2017, el Gobierno español envió seis solicitudes de extradición a las autoridades argentinas por diferentes delitos supuestamente cometidos durante su ejercicio como concejal en Marbella.

La primera solicitud de extradición se centró en los posibles delitos de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos en el 'caso Saqueo II'. Estos delitos se remontan a su época como concejal durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal entre 1991 y 1999.

Las cinco solicitudes adicionales de extradición abarcan otras acusaciones que van desde delitos contra la ordenación del territorio hasta cohecho en el 'caso Malaya', así como prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsificación de documentos oficiales.

Un tribunal argentino acordó extraditar a Fernández en relación con uno de los seis casos solicitados, específicamente el 'caso Saqueo II', bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional en España. Sin embargo, en diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de Argentina dictó una sentencia que denegó la extradición, dejando la situación en un punto incierto.