ALMERÍA, 20 de noviembre. En un giro significativo dentro del escándalo de corrupción conocido como el caso 'Mascarillas', el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha sido conducido a la Ciudad de la Justicia para comparecer ante el juez. Esta acción se produce en el contexto de la segunda fase de la investigación, que evalúa la posibilidad de cobros irregulares vinculados a contratos públicos en la administración provincial.

García y otros cuatro individuos detenidos, incluyendo a altos funcionarios y alcaldes, han estado bajo custodia de la Guardia Civil durante 48 horas, donde fueron interrogados por la Unidad Central Operativa (UCO). Este miércoles, poco antes de las 11 de la mañana, el grupo fue trasladado al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería para iniciar sus declaraciones judiciales.

Entre los detenidos se encuentran Fernando Giménez, vicepresidente segundo de la Diputación, y Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, quienes ya habían estado bajo investigación en la primera fase del caso que se inició en 2021. También ha sido arrestado el hijo del alcalde, sugiriendo un entramado más amplio de corrupción involucrando a familiares y funcionarios.

El quinto implicado es un funcionario del Área de Fomento de la Diputación, vinculado al exvicepresidente Óscar Liria, quien figura en el centro de la investigación y también ha sido objeto de nuevos interrogatorios. Se prevé que las declaraciones se inicien a las 12:30 horas, y se espera que el juez cite a más personas en las próximas etapas del proceso.

Ya algunos abogados han comenzado a llegar a las instalaciones judiciales, entre ellos Javier Salvador, representante del PSOE, quien actúa como acusación popular en este caso. Salvador expresó su expectativa ante el día prolongado que les espera, apuntando a la necesidad de conocer con claridad las imputaciones y las solicitudes que el fiscal presentará.

En días recientes, la UCO ha llevado a cabo una serie de registros en múltiples oficinas de la Diputación de Almería, incluyendo la presidencia y el Área de Fomento, además de inspeccionar domicilios particulares y el Ayuntamiento de Fines en un esfuerzo por recolectar pruebas. Están en juego documentos cruciales que podrían implicar a más individuos en este escándalo de corrupción.

La trama se remonta a un contrato de suministro de material sanitario que superaba los dos millones de euros durante las primeras etapas de la pandemia de COVID-19, del que se sospecha se habrían derivado comisiones ilegales. Hasta el momento, 14 personas se encuentran bajo investigación, así como siete empresas, sugiriendo un complejo esquema de corrupción que se beneficia de la gestión pública.

La investigación ha revelado indicios que apuntan a la posibilidad de que los imputados facilitaran la adjudicación irregular de contratos a ciertas empresas con la intención de recibir comisiones, poniendo en tela de juicio la integridad del sistema de contratación pública en la región.