SEVILLA, 23 de abril. La Guardia Civil de Sevilla, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha iniciado una investigación contra cinco miembros de una misma familia, acusándolos de cometer delitos contra el medio ambiente, falsedad documental y usurpación. Este caso se enmarca dentro de la operación “Irrigatio”, que comenzó en 2021 y ha destapado serias irregularidades ecológicas en localidades como Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río y Lora del Río.

Los agentes del Seprona concentraron sus esfuerzos en un conjunto de tierras y explotaciones agrícolas pertenecientes a esta familia, donde se transformaron de forma ilegal más de 400 hectáreas de tierras secas a regadío. Estas áreas, cuyo cultivo incluía principalmente olivos y naranjos, recibían agua a través de captaciones no autorizadas de fuentes superficiales y subterráneas.

Entre los métodos utilizados para estas captaciones se identificó la extracción directa del cauce del río Guadalquivir, realizada sin los permisos correspondientes, así como el empleo de pozos y sondeos sin autorización, incluso en periodos de sequía extrema. Se estima que aproximadamente 270 hectáreas fueron transformadas sin la concesión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), lo que conlleva un coste ecológico que podría superar los seis millones de euros, además de una extracción estimada de más de 829 millones de litros de agua al año.

La investigación reveló también una notable compra de terrenos agrícolas de secano, que posteriormente fueron convertidos fraudulentamente a regadío. Algunas de estas propiedades estaban situadas cerca de ríos o con derechos de captación, sugiriendo que el objetivo era aumentar artificialmente la disponibilidad de agua para sus cultivos.

Los beneficios que habrían obtenido los acusados por sus actividades ilegales podrían sobrepasar los tres millones de euros anualmente. Durante las inspecciones por parte del Seprona y agentes del la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se constataron múltiples infracciones administrativas.

La mayoría de las fincas sometidas a inspección presentaban sistemas de cerramiento complejos y ocultaban maquinaria, pozos y otros dispositivos de captación en estructuras metálicas. Además, la investigación ha puesto de manifiesto la presunta ocupación indebida de caminos públicos y vías pecuarias, restringiendo así el acceso a estas rutas.

Los agentes también documentaron trabajos de desmonte y roturación en áreas de servidumbre del arroyo Guadalbacor, donde se pretendía establecer cultivos intensivos de olivos, invadiendo zonas de gran valor ecológico.

De manera preocupante, el grupo familiar implicado habría recibido ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea a través de la declaración fraudulenta de parcelas, confundiendo terrenos de regadío con secano y viceversa. Este hallazgo ha sido comunicado al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) para su evaluación.

Es fundamental señalar que las personas investigadas en esta segunda fase de la operación no tienen relación con los individuos involucrados en la primera etapa de las pesquisas, siendo un grupo completamente diferente de presuntos infractores.

La operación sigue abierta y es probable que se lleven a cabo nuevas acciones en los próximos meses, reafirmando el compromiso de las autoridades con la protección ambiental y el uso responsable de los recursos hídricos.