ALMERÍA, 11 de noviembre. En un caso que pone de manifiesto las serias problemáticas laborales que enfrentan muchos trabajadores en el sector agrícola, un empresario del área ha aceptado hoy una pena de un año de prisión. Este empresario se declaró culpable ante el tribunal de la Audiencia Provincial tras reconocer que tenía a ocho trabajadores de origen subsahariano realizando labores en un invernadero de Níjar sin estar inscritos en la Seguridad Social.

El acusado, consciente de la gravedad de sus acciones, ha aceptado las penas de prisión que le fueron impuestas por la Fiscalía, lo que incluye la aceptación de una multa. Esta sanción se ha establecido en cuatro euros diarios durante seis meses, alcanzando un total que podría sumar hasta 720 euros. Su decisión de reconocer los cargos ha llevado a un acuerdo con la acusación.

La audiencia, llevada a cabo en la Sección Tercera, tuvo a Luis Columna como presidente del tribunal, quien decidió dictar sentencia de manera verbal en vista del entendimiento entre las partes. Como parte de la resolución, se ha suspendido la pena de prisión durante un periodo de dos años, siempre y cuando el empresario no incurriese en nuevos delitos durante ese tiempo.

La acusación del Ministerio Público contra el empresario se fundamentó en un delito contra los derechos de los trabajadores, substanciado por una inspección que se realizó en su finca agrícola el 25 de enero de 2021. Este establecimiento, ubicado en el paraje conocido como El Nazareno, estaba bajo su administración como empresario único. Durante la inspección, los funcionarios se encontraron con ocho trabajadores que, al notar su presencia, emprendieron la fuga.

El fiscal destacó que ninguno de estos trabajadores subsaharianos había sido dado de alta en la Seguridad Social antes del inicio de su actividad laboral. La empresa, según consta en el registro, sólo tenía a cuatro personas registradas, pero curiosamente, ninguno de ellos se encontraba trabajando en la finca en el momento de la inspección. Este hecho subraya la preocupación sobre las condiciones de trabajo y el cumplimiento de las normativas laborales que rigen el sector agrícola, un área que enfrenta críticas por el trato injusto que reciben muchos de sus trabajadores.