En Granada, el 16 de noviembre, la Fiscalía ha solicitado una condena de dos años de cárcel para tres individuos acusados de haber llevado a cabo un delito de detención ilegal contra un compatriota marroquí. Este acto violento, que tuvo lugar en una nave ubicada en un polígono industrial de Atarfe, Metropolitan Area de Granada, se llevó a cabo bajo circunstancias escalofriantes: la víctima fue amenazada con una pistola y sometida a una situación de violencia extrema, tapándole la cabeza. Un día después, los mismos acusados habrían participado en un asalto a una vivienda en la capital granadina, por el que el ministerio público también está pidiendo una sanción de dos años de prisión.

Según el documento de conclusiones provisionales elaborado por la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, este caso se someterá a juicio en los próximos días ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada. En este contexto, el ministerio público ha planteado también la posibilidad de que, en lugar de cumplir las penas de prisión, los acusados sean expulsados del territorio nacional, con la prohibición de volver a entrar durante un periodo de 20 años.

La situación es aún más compleja, ya que también están acusados de otros delitos la víctima, un joven de 26 años, así como un quinto individuo de 30 años. Este último habría estado involucrado en el intento de robo con violencia, junto a los tres acusados principales, de 38, 35 y 28 años, en un domicilio situado en Granada, utilizando armas y otros instrumentos peligrosos en el proceso.

Los hechos que están siendo objeto de juicio se remontan al 5 de febrero de 2021. Alrededor de las 21.00 horas, dos de los hermanos acusados se encontraron con el joven de 26 años en un hotel céntrico de Granada. Desde allí, salieron juntos en un vehículo en el que la víctima fue llevada en la parte trasera, en el momento en que “dos sujetos no identificados” hicieron su aparición.

El fiscal ha documentado que “uno de los desconocidos colocó una pistola en la cabeza” del joven, en un plan premeditado que involucraba a los hermanos, y le cubrió con una capucha. A pesar de esta situación amenazante, el joven logró vislumbrar que se dirigían hacia una nave industrial de Atarfe, donde estuvo retenido durante varias horas sin posibilidad de escapar.

Durante su cautiverio, uno de los hermanos supuestamente agredió al joven en repetidas ocasiones, llegando incluso a intentar hacerle tragar una bolsa de cocaína y mostrando otra pistola pequeña frente a una docena de personas que fueron llegando a la nave. Poco después, el tercer acusado, también implicado en la detención ilegal, se unió al grupo.

Este tercer individuo también habría agredido al joven, llevándolo “a la fuerza” junto a los otros dos, hasta una vivienda en Cenes de la Vega. Después de su liberación, el joven recibió amenazas de muerte, tanto para él como para su madre, si se atrevía a hablar sobre lo ocurrido.

Al día siguiente, el 6 de febrero, alrededor de las 3.00 horas, los tres acusados principales, en compañía del individuo de 30 años, habrían intentado llevar a cabo un robo violento en un hogar de Granada, utilizando tijeras de podar y un cuchillo de grandes dimensiones como armas para intimidar.

En el transcurso de la agresión, lograron derribar a dos hermanos que se encontraban en la vivienda y, entre amenazas y violencia, llevaron a cabo un registro en busca de objetos de valor. Sin embargo, como detalla la Fiscalía, al no encontrar nada que satisficiera sus expectativas delictivas, abandonaron la vivienda sin haber logrado robo alguno.

Es importante destacar que todos los acusados tenían una orden judicial de alejamiento respecto al joven víctima de la detención ilegal. Unos días después, el 13 de febrero de 2021, el individuo que se sumó al asalto a la vivienda se acercó al joven en el barrio de Almanjáyar con la intención de atacarlo, lo que resultó en nuevas acusaciones de lesiones y quebrantamiento.

En un giro irónico de los acontecimientos, y según el relato de la Fiscalía, el joven de 26 años decidió buscar a su supuesto agresor varias horas después, acompañado de personas no identificadas, en las cercanías del Camino de los Yeseros. Allí, roció a su agresor con spray de pimienta antes de que se produjera una nueva agresión, por la que la Fiscalía también está pidiendo una condena de tres años de prisión o una expulsión del territorio nacional durante diez años.