Granada, 12 de diciembre. En un acontecimiento que ha conmocionado a la comunidad educativa, se ha revelado que el colegio granadino, donde una madre denunció abusos sexuales sufridos por su hija pequeña, ha sido objeto de un segundo caso de presuntos abusos que involucra a los mismos alumnos implicados en la denuncia inicial. Este nuevo episodio ha llevado a la reubicación de los menores en cuestión a otra institución educativa.

Fuentes cercanas al caso han confirmado a Europa Press que la Policía Nacional está actualmente investigando ambas situaciones, con la colaboración de la Fiscalía de Menores y la Junta de Andalucía. La gravedad del asunto ha suscitado una respuesta institucional considerable, dada la naturaleza de las acusaciones.

Los tres chicos señalados en este caso tienen menos de 14 años, lo que significa que, en caso de que se confirme la veracidad de las denuncias, no podrían ser considerados penalmente responsables debido a su corta edad. Esta situación fue explicada por el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, quien identificó a los menores involucrados.

Según reportes del diario Ideal, los presuntos abusos tuvieron lugar durante el recreo en octubre. Inicialmente se dio a conocer un solo incidente, pero el segundo salió a la luz una vez que ya se había iniciado el expediente y los presuntos agresores fueron trasladados a otro centro educativo. Tanto las lesiones como los testimonios de las víctimas son alarmantemente similares, lo que ha despertado aún más inquietud entre los padres y la comunidad escolar.

La consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, se pronunció al respecto, sugiriendo que estos incidentes son, en parte, resultado del fácil acceso que tienen los niños a Internet, redes sociales y contenido pornográfico. Castillo subrayó que este tipo de comportamientos no son característicos de niños de esa edad, a menos que hayan sido expuestos a ellos, ya sea como observadores o víctimas. Hizo un llamado urgente a proteger a todos los menores y a establecer límites para su acceso a un entorno digital que carece de medidas adecuadas de protección.