En una reciente operación conjunta llevada a cabo por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en Málaga, se ha logrado desmantelar una red criminal vinculada a un fraude fiscal de impresionante magnitud, superando los 12 millones de euros en el ámbito del IVA relacionado con hidrocarburos durante los años fiscales de 2022 y 2023. Se han realizado diez detenciones en diversas provincias del país, siendo el líder del grupo señalado como residente en Málaga.

Los agentes informaron que la operación, conocida como 'Capibara', ha desenmascarado un sofisticado entramado de empresas que supuestamente era dirigido por un principal sospechoso, quien actuaba como administrador de hecho. Este individuo contaba con una amplia red de cómplices que incluían tanto financiadores como testaferros, lo que facilitaba las actividades ilícitas del grupo.

De los detenidos, seis fueron capturados en la provincia de Málaga, mientras que los otros cuatro fueron arrestados en Almería, Córdoba, Vizcaya y Asturias. El operativo resultó de una investigación iniciada a principios de año por el Grupo I de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, en colaboración con la Agencia Tributaria, que combinó información fiscal, financiera y policial para evidenciar la magnitud del fraude.

Los investigadores revelaron que este entramado empresarial de hidrocarburos, con sede en Málaga, se dedicaba a la comercialización al por mayor de gasóleo, pero eludiendo la obligación de liquidar el IVA correspondiente. La organización utilizaba tácticas para beneficiarse de vacíos legales en la normativa del sector, lo que le permitía operar con impunidad durante períodos prolongados.

El modus operandi consistía en crear empresas con una vida útil corta para adquirir carburantes en depósitos fiscales sin asumir el impuesto, y luego vendían estos productos a gasolineras, repercutiendo el IVA sin nunca ingresarlo en la Hacienda Pública. Además, solicitaban aplazamientos de pago, a menudo sin cumplir con los requisitos legales para hacerlo, desde un inicio con la intención de eludir sus responsabilidades fiscales.

Para dificultar la detección, los líderes de la organización cambiaban frecuentemente las empresas que utilizaban para llevar a cabo estas operaciones, acumulando un total de nueve entidades implicadas en el fraude. La investigación descubrió que todas estaban controladas por una sola persona que empleaba intermediarios como administradores.

Además de las implicaciones legales, el fraude también generaba distorsiones en el mercado, permitiendo a la organización vender a precios por debajo de los operadores que cumplían con sus obligaciones fiscales, lo que resultaba en una competencia desleal para el sector.

El 8 de julio, en una operación coordinada bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una serie de intervenciones en las provincias implicadas, resultando en la detención de diez personas, la incautación de 193.200 euros en efectivo y una considerable cantidad de documentación que se encuentra en proceso de análisis.

Se ha identificado que esta organización poseía numerosos inmuebles, valorizados en más de diez millones de euros, y la autoridad judicial ha tomado medidas para asegurar que se abordarán futuras responsabilidades derivadas de este caso de fraude monumental.