Granada, 4 de noviembre. La empresa Dhul, operada por la multinacional francesa Andros, ha hecho pública su intención de implementar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su planta de Granada, medida que podría afectar a 61 de los 142 trabajadores que laboran actualmente en la fábrica. Esta decisión ha generado una fuerte oposición por parte de los tres sindicatos que componen el comité de empresa: CSIF, CCOO y UGT, dado que representa un recorte del 43% en la plantilla actual.

Según las fuentes del sindicato CSIF, que lidera el comité, el ERE fue presentado el pasado jueves y se espera que las discusiones con la dirección de Dhul den inicio el próximo miércoles, cuando se revelarán los términos específicos del mismo. La incertidumbre ha calado hondo entre los trabajadores, quienes temen por su futuro laboral.

Dhul justifica esta drástica decisión alegando razones como "la automatización de uno de sus procesos productivos" y la "mudanza de una línea dedicada a postres a Italia". Desde CCOO se anuncia una asamblea de trabajadores en los próximos días y no se descartan movilizaciones para oponerse a una medida que dejaría a "más de medio centenar de personas en la calle".

La situación se complica si se analiza el contexto histórico: UGT recuerda que Andros asumió las riendas de la compañía en 2013, tras la quiebra de la familia Ruiz Mateos (Nueva Rumasa), momento en el que también se realizó un ERE que resultó en la eliminación de 61 puestos de trabajo, dejando la planta con una plantilla de 145. Los sindicatos argumentan que este nuevo anuncio de ERE es una señal alarmante de la precariedad que enfrenta una plantilla ya mermada.

En un claro acto de denuncia, UGT critica la “desinversión” en una industria que es parte integral de la historia económica de Granada. Los líderes sindicales señalan que la decisión de la empresa parece priorizar las ganancias económicas sin considerar el impacto devastador en las familias y en el frágil tejido industrial de la provincia, un problema que se atribuyen a la “falta de sensibilidad social de las grandes multinacionales, a menudo controladas por fondos de inversión o grandes corporaciones financieras”.

Por tal motivo, los sindicatos demandan la anulación del ERE extintivo y exigen la apertura de un diálogo que dé paso a un plan industrial que asegure la continuidad de todos los empleos. Esta solicitud se ve como una necesidad imperiosa para proteger los derechos laborales de los trabajadores afectados.

Raúl Caro, responsable de Industria de CCOO Granada, se sumó a las críticas, lamentando que la digitalización no haya contribuido a diversificar la oferta laboral ni a mejorar la productividad de la planta. Según su opinión, "debe haber un uso de la tecnología que sea inclusivo, equitativo y justo, en el que ninguna persona quede atrás y donde los beneficios económicos nunca estén por encima de los derechos de los trabajadores". En el caso de Dhul, Caro señala que los empleados han realizado un esfuerzo titánico para levantar la empresa, que ahora se enfrenta a su cuarto ERE.

Por último, el comité de empresa ha manifestado que no descartan impugnar el proceso si detectan “criterios que no sean objetivos o que carezcan de claridad”. En cualquier escenario, se confirma una “negociación intensa” para lograr que, en caso de que se obliguen despidos, el número sea el mínimo posible y que las condiciones para los trabajadores afectados sean las más favorables.